Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, Ley 9286


El Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2), como división especial dentro del organigrama de la policía provincial fue creado para perseguir y reprimir lo que consideraban un tipo especial de delito –diferente al delito “común”- definido genéricamente como “la subversión”.
En Argentina, la persecución ideológica desde el Estado a grupos políticos considerados “peligrosos” por el poder hegemónico, tiene sus antecedentes más directos en la “Ley de residencia” aplicada contra los inmigrantes anarquistas y socialistas desde principios de siglo XX. Pero también, en las feroces represiones a huelgas, como la Semana Roja en 1909, la Semana Trágica en 1919, la Patagonia Trágica 1920-1921, entre muchas otras masacres de trabajadores organizados a cargo de grupos policiales y parapoliciales.
En 1972, la ex División de Informaciones de la Policía de Córdoba obtuvo por el decreto 1047/72, el rango de Departamento. Esto implicó que mayores recursos materiales y humanos fueran puestos en función de la tarea de espionaje, organización y clasificación de la “información” obtenida, como también para la detención o secuestro, interrogatorio y tortura de personas consideradas altamente “peligrosas” para el sostenimiento de un determinado orden social.
Tras la breve tregua electoral de 1973, en febrero del ´74 el jefe de Policía Tte. Cnel. Domingo Navarro, encabezó una revuelta sediciosa, que culminó con la destitución del Gobernador electo de Córdoba Obregón Cano y la intervención federal de la provincia. "El Navarrazo", así se lo conoce popularmente, permite dimensionar el poder de la Policía de Córdoba, y el rol instituido en vinculación con los aparatos políticos.
Durante los períodos de mayor actividad represiva y criminal del D2 (1974-1979), estuvieron a cargo de la jefatura de ese Departamento policial: el Inspector Mayor Ernesto Julio Ledesma (1974-1975), el Crio. Insp. Pedro Raúl Telleldín (1975-1977) y el Crio. Juan Fernando Esteban (1977-1979). El Departamento de Informaciones quedó bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones creada en junio de 1979, frente a la cual se nombró como director nuevamente a Telleldín (1979-1980).
A partir de 1978, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba se traslada a un nuevo edificio, ubicado en la calle Mariano Moreno y Casero de nuestra ciudad.
LEY 9286
El 22 de Marzo de 2006, en el marco de los 30 años de la última dictadura militar, los legisladores de la Provincia de Córdoba aprobaron por unanimidad la Ley 9286, denominada Ley de la Memoria (Decreto Reglamentario 873). Esta ley establece la conformación de la Comisión Provincial de la Memoria, la creación del Archivo Provincial de la Memoria y el emplazamiento de estas instituciones en el ex edificio del Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba, conocido como “D2”.

La Comisión Provincial de la Memoria está integrada por las siguientes organizaciones e instituciones:

  • Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.
  • Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
  • H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
  • Asociación de Ex Presos Políticos.
  • Servicio de Paz y Justicia.
  • Universidad Nacional de Córdoba.
  • Poder Ejecutivo.
  • Poder Legislativo.
  • Poder Judicial.
    • La Comisión realiza reuniones semanales a fin de decidir y garantizar todas las actividades tendientes a ejecutar, asesorar y velar por el cumplimiento de la Ley de la Memoria.
    Acompañan a esta Comisión, la Comisión Honoraria de Notables, integrada por cinco personalidades de distintos ámbitos con amplia trayectoria en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en la Provincia de Córdoba.
    Sus integrantes son:
    Carlos Alonso, Emilia Villares de D´Ambra, Guillermo “Quito” Mariani, Sonia Torres y Juan Villa.
    El Archivo Provincial de la Memoria se enmarca dentro de las normativas generales que el Consejo Internacional de Archivos -a partir de un grupo de expertos de la UNESCO- estableció para los documentos provenientes de sistemas represivos, los cuales deben ser considerados bienes culturales protegidos.

    Sus principales objetivos son:
  • Contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestra provincia, sus lecciones y legados a generaciones presentes y futuras.
  • Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la vigencia plena de los Derechos Humanos.
  • Recopilar, preservar y tornar públicos las informaciones, testimonios y documentos sobre la represión ilegal y el terrorismo de Estado.
  • Contribuir a la coordinación regional de los archivos de derechos humanos.
  • Desarrollar métodos adecuados para la recopilación, manejo, consulta, trabajo y difusión de materiales.

    • La actual directora del APM es la Dra. Ludmila da Silva Catela.

    La Comisión y el Archivo tienen su sede en las viejas casonas del pasaje Santa Catalina, ubicado entre la Catedral y el Cabildo histórico. En este lugar estuvo emplazado el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2), que durante los años setenta, funcionó como Centro Clandestino de Detención.
    La recuperación de este espacio por la Comisión Provincial de la Memoria significó un hecho histórico en el proceso de lucha de los organismos de Derechos Humanos. Lucha por la construcción de Memoria, Verdad Histórica, Justicia y Reparación Social ante las graves violaciones a los Derechos Humanos.
    El trabajo que lleva adelante el Archivo Provincial de la Memoria, se desarrolla desde distintas áreas y espacios.

    Área de Investigación, Área de Conservación y Archivo, Área de Digitalización e Informáticas, Área de Educación, Área de Comunicación y Cultura, Área Legales, Área Redes de Memoria, Área Sitios de Memoria, Área de Mantenimiento y el Área Audiovisual y Archivo de Historia Oral