Por primera vez, con la megacausa se juzgaron en Córdoba los delitos contra la integridad sexual en el contexto del terrorismo de Estado, gracias al valiente testimonio de Gloria Di Rienzo. Para la fiscal Virginia Miguel Carmona, “el cuerpo de las mujeres fue tratado como botín de guerra”.
En consonancia con el derecho internacional, la unidad que coordina a los fiscales que actúan en causas de lesa humanidad ha recomendado que los actos de violencia sexual que formaron parte del terrorismo de Estado “sean tratados como tales” y no subsumidos en la figura penal de “tormentos”. Además, para que puedan investigarse, es necesario que la víctima esté dispuesta a denunciarlos.
En el contexto de la megacausa, se juzgan los abusos de que fueron víctimas Gloria Di Rienzo y Mirian Salvador de Francisetti, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, secuestradas por una patota del Departamento de Informaciones D2 de la Policía el 13 de septiembre de 1975. En un valiente y preciso testimonio, Di Rienzo denunció el ataque a su integridad sexual, que sufrió en manos de los represores en el sórdido edificio del Pasaje Cuzco –hoy Santa Catalina–, musicalizado por las campanas de la vecina Catedral.
“Yo quería seguir viviendo. Después de la brutalidad y el daño a la dignidad y el honor, tenía que restituirme a mí misma y que esto no me dañe de nuevo o que me dañe lo menos posible el resto de mi vida. Al salir en libertad me busqué un trabajo, formé una familia y traté de tener una vida como todo el mundo. Y a esto lo encapsulé en mi interior”, dijo Di Rienzo al promediar su relato ante el TOF Nº 1. Casi cuarenta años después, la Justicia le dio la posibilidad de denunciarlo. Al comenzar la audiencia del 12 de junio de 2013, el juez Jaime Díaz Gavier le ofreció declarar “sin el público y los imputados”, a lo que la testigo respondió: “Prefiero y agradezco la posibilidad de que los imputados se retiren”.
Y no es que les tuviera miedo, porque durante el reconocimiento había pedido mirar a la cara a sus victimarios, en su mayoría ex policías del Departamento de Informaciones de la Policía, a los que identificó uno por uno: Raúl Alejandro Contreras, Ricardo Cayetano Rocha, Raúl Calixto Flores, Juan Carlos Cerrutti, Herminio Jesús Antón fueron nombrados o señalados por Di Rienzo como quienes, desde su secuestro el 13 de septiembre de 1975, la golpearon, torturaron y vejaron en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Córdoba, antes de verse obligados a legalizarla como presa política.
“En esos tres días y medio fui sometida a todo tipo de torturas, con electricidad, me ahogaron en agua, en un momento incluso me tiraron agua caliente en las piernas; y allí también fui violada”, relató la testigo. “Como yo no quería abrir las piernas, me quedaron las marcas de las uñas en las entrepiernas, de la fuerza que ellos hicieron para abrirlas”, rememoró. Incluso, identificó a Graciela Antón como la mujer policía que le “retorcía los pezones”.
Ante un público conmovido e indignado, Di Rienzo hizo un acopio de memoria y coraje para revivir las atrocidades sufridas, con 20 años de edad, en cada uno de los interrogatorios a los que resistió, desnuda e indefensa. “A todas nos hicieron vejaciones como mujeres”, aseguró. “Además de violarme, picanearme y golpearme; de estar sin alimento, desnuda y con frío, no podía pensar que mis padres no me buscaran. Me estaban negando. Entonces, tomé conciencia de que me iban a matar. Ahí me preparé para que, hicieran lo que hicieran, no consiguieran nada de mí”, expresó. Días después de atestiguar, Di Rienzo acompañó al Tribunal en la inspección que se realizó en el ex D2, hoy Espacio de Memoria.
La “reserva moral” también violaba
La apropiación del cuerpo de las mujeres prisioneras no fue una exclusividad de los represores policiales. También el staff de militares y civiles del campo de concentración y exterminio La Perla cometió crímenes contra la integridad sexual.
Secuestrada el 1º de septiembre de 1976 en su casa de barrio Parque Atlántica, Liliana Beatriz Callizo, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue prisionera de la dictadura en La Perla hasta comienzos del 78, cuando salió en “libertad vigilada”, para luego exiliarse en Brasil y España. En su extenso cautiverio, sufrió en carne propia las torturas y vejámenes. Un día la llevaron a una casa cerca del río. “Magaldi (alias de Roberto Nicanor Mañay, ya fallecido) me pateó las piernas para que entre. Pensé que me iban a matar. Me metieron a una habitación, y (José Hugo) Herrera se tiró arriba mío y me violó”, narró Callizo mientras el aludido simulaba leer.
Patricia Astelarra estaba embarazada de cinco meses cuando fue ilegalmente detenida junto a su esposo Gustavo Contepomi –ambos militantes montoneros– el 1º de julio del 76. Aun en su condición, fue víctima de actos “tortuosos y degenerados” en los que “participaban oficiales y suboficiales del Ejército”. Al declarar en el juicio el 14 de marzo de 2013, expresó: “Es difícil contarlo como me lo pide el fiscal, con todos los detalles, pero lo voy a hacer porque creo que las violaciones y abusos estaban dentro de las torturas del plan sistemático, y son delitos cometidos por quienes entonces eran funcionarios”.
Cuando la testigo identificó como responsables a Ernesto Barreiro, Jorge Exequiel Acosta, Roberto Mañay, Hugo Herrera, Héctor “Palito” Romero y José “Chubi” López, este último reaccionó a los gritos: “¡Mentirosa!”. El juez Jaime Díaz Gavier ordenó desalojarlo de la sala y Astelarra pudo concluir: “Las mujeres sufrimos una doble violencia. Así como existía la reducción a la servidumbre, también existió la reducción a ser esclavas sexuales”. Ese día todos los acusados lucían en sus solapas escarapelas amarillas y blancas, porque en la víspera el cardenal argentino Jorge Bergoglio había sido consagrado como sumo pontífice de la Iglesia Católica.
Los crímenes invisibles
En el contexto del alegato acusatorio, la fiscal Virginia Miguel Carmona explicó que “estos delitos deben ser juzgados autónomamente, sin subsumirlos en otros tipos penales que no traducen efectivamente la lesión infligida, como lo sería el caso de los tormentos (…) Hacer lo contrario sería otra invisibilización de los delitos sexuales cometidos dentro de un campo de concentración. Las mujeres padecieron un plus de tortura dentro de los campos. Se las violentó dentro de una cultura patriarcal y machista. Así que otorgarle visibilidad constituye una reparación de nuestra historia presente”.
“El cuerpo de las mujeres ha sido considerado y tratado como trofeo o botín de guerra por los atacantes, tanto en contextos de conflicto armado, como de violencia general o sistemática”, recordó Miguel Carmona, y resaltó que los represores “dispensaron un trato disímil según la identidad de género de la víctima, y ello encuentra su fuente en una histórica discriminación por género, presente evidentemente en la sociedad de manera previa, y que se tradujo, a modo de traspolación, con profunda crudeza y crueldad en el ámbito de aquellos espacios de tortura y muerte creados ex profeso por los represores en el marco de la persecución masiva de personas por causas políticas”.
Por último, la fiscal instó a reflexionar sobre la escasez de denuncias, ya que esa “cifra negra” de casos no denunciados “se relaciona precisamente con las consecuencias que provoca en la psiquis de la víctima este tipo de delitos”. “La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche”, concluyó.
Fotografía: Archivo Provincial de la Memoria
Esta nota es parte de la Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba, realizada por Alexis Oliva con el aporte de las Áreas de Comunicación de los Espacios de Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla y Campo de la Ribera).
