Empleados Públicos desaparecidos y asesinados recordados en Córdoba

Desde principios del siglo XX, los trabajadores del Estado generaron instancias de encuentros que impulsaron la agremiación. En 1910 se realizó en Buenos Aires un Congreso de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. El 20 de septiembre de 1932 se fundó el Centro de Empleados Públicos. El 9 de enero de 1947 se constituyó en Córdoba un Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba, en consonancia con una coyuntura histórica que propiciaba el surgimiento y fortalecimiento de las agrupaciones sindicales. Oficialmente, la fecha de fundación del Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP) fue el 19 de septiembre de 1950.

En 1969 el Cordobazo inauguró una etapa de consolidación de las organizaciones gremiales. Si bien la movilización de los empleados públicos en esa gesta no fue protagónica a partir de esa época comenzó un proceso de ampliación en la participación al interior del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Se incorporaron gran cantidad de afiliados, hubo un crecimiento de las asambleas y de los cuerpos de delegados. 

Estos años se conocen como “los años fuertes” ya que la incorporación del SEP a la CGT después del Cordobazo, sumado a la sanción del Estatuto del Empleado Público el 7 de abril de 1970, significó para los agentes del Estado el derecho a la estabilidad laboral y el establecimiento de condiciones de ingreso, ascenso y permanencia en el empleo público, otorgando a su vez, legitimidad social a los trabajadores del Estado como así también preponderancia política del gremio.

El 15 de marzo de 1971 la CGT Córdoba convocó a un paro general contra la Intervención de Levingston, la represión y las políticas económicas de ajustes. En esta jornada conocida como “El Viborazo”, el Sindicato fue uno de los sujetos principales de aquella protesta. Los empleados públicos se convocaron en sus lugares de trabajo para hacer abandono de tareas a partir de las 10 de la mañana, la expresión fue multitudinaria y construyó una identidad de lucha. Frente a este proceso de empoderamiento, el Estado dictatorial intervino el gremio, dejando cesante a 168 empleados. Dicha situación desafió a los trabajadores estatales a desarrollar estrategias de resistencia en defensa de las condiciones laborales y generar sustento para quienes habían quedado cesantes, lo que produjo la construcción de redes de solidaridad que al día de hoy son parte de las líneas de acción de este espacio gremial.

Antes del golpe del 24 de marzo de 1976 el aparato represivo y de inteligencia ya estaba dirigido a disciplinar a los estatales. Con el golpe policial del 28 de febrero de 1974, los trabajadores se convirtieron en el objetivo a aniquilar. Los establecimientos públicos se intervinieron con la designación de nuevos directivos, así mismo, muchos quienes continuaron con sus cargos comenzaron a proporcionar información de trabajadores que tenían representación gremial como delegados y militantes de base, generando la persecución sistemática de trabajadores del Estado.

En 1975 con la “Ley de prescindibilidad” se institucionalizaron despidos por razones políticas como así también la prohibición de la actividad sindical: “prescindir del trabajador que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras, o que, en forma abierta, encubierta o solapada, preconicen o fomenten dichas actividades”

Lo que consumó el golpe cívico militar en la faz pública fue la masividad de despidos y cesantías de trabajadores paralelamente a lo que ocurría en la faz clandestina con persecuciones, asesinatos y desapariciones de afiliados, delegados y trabajadores en general. 

Entre marzo y abril de 1976 se derogó el estatuto del empleado público de abril de 1970 y se profundizó la promulgación de leyes que cercenaron derechos de los trabajadores. Una de ellas fue la Ley provincial Nº 5911 cuyo artículo primero establecía: “Autorizase hasta el 31 de Diciembre de 1976, a dar de baja, por razones de seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Provincial (…)que se desempeñe bajo cualquier título, vinculo jurídico, denominación y amparados por estatutos o régimen especiales vigentes, que de cualquier forma se encuentre  vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras. La otra ley nacional Ley N° 21274, conocida como ley de Racionalización Administrativa, y en Córdoba Ley N° 5913. En virtud de esta ley se autorizaba a los titulares del Poder Ejecutivo a dar de baja por “razones de servicio” a cualquier agente de las instituciones oficiales, y decía en su Art. 2: “las bajas serán efectivizadas teniendo en cuenta la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo en la Administración Pública sin connotaciones partidistas o sectoriales” (Ver. PAEZ, JANET) .

Luego de la resistencia a la dictadura, uno de los ejes centrales de la lucha del SEP desde la reapertura democrática fue la derogación de estatutos y leyes impuestos durante el Terrorismo de Estado y la reincorporación de los trabajadores cesanteados por el Estado dictatorial, conquistando el estatuto nº 7233 el cual define la estabilidad laboral como uno de los derechos fundamentales del trabajador, lucha clave durante la década del noventa por el achicamiento del Estado y las políticas económicas signadas por la continuidad y profundización del proyecto económico de la última dictadura militar. 

En el mes del día del empleado público, los trabajadores de los Sitios de Memoria queremos rendir homenaje a quienes se organizaron colectivamente y resistieron políticas neoliberales saliendo a la calle y generando propuestas en beneficio de la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora.