“La Córdoba del poder prohijó a Menéndez”
Entrevista a Juan Carlos "pipón" Giuliani.
Por Alexis Oliva
Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación de la CTA, caracterizó a la sociedad civil que acompañó el terror militar, desplegado desde el Tercer Cuerpo de Ejército y focalizado en “una clase trabajadora combativa, revolucionaria, con construcción y organización”. Asimismo, planteó que, además de justicia y memoria, se deben abordar los derechos de segunda generación, hoy “asignaturas pendientes y notorias”.
Para Córdoba, juzgar al represor Luciano Benjamín Menéndez es lo que para la Revolución de Mayo fue ajusticiar al ex virrey Santiago de Liniers. Así lo dimensiona Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación y Difusión de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la que siente orgullo de pertenecer por haber sido “la primera que testifica y es parte querellante en un juicio a los genocidas”.
Preso político durante la dictadura y secretario general del Cispren entre 1994 y 2005, Giuliani desenmascara la Córdoba empresaria, eclesial, mediática y judicial, cómplice del represor militar y enemiga de “un movimiento de trabajadores con una potencia de resistencia y combatividad” y “fuerte incidencia de las organizaciones político-militares de entonces”. Para el dirigente sindical, esa clase obrera protagonizó una “epopeya de resistencia” a la dictadura, que hoy se pretende ocultar.
Por otra parte, atribuye al Gobierno y el Poder Judicial la situación de riesgo de quienes deben hoy aportar su testimonio en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ya que al no unificarse las causas, porque “los jueces no se animan a plantear que acá hubo un genocidio”, el peso probatorio de cada juicio recae en “el valor heroico de los testigos”.
El otro reproche apunta a las asignaturas “pendientes y notorias” de los derechos humanos a la vida, alimento, vivienda, salud, información y educación. “Nuestros treinta mil desaparecidos no lucharon para tener un país con ‘un capitalismo de rostro humano’ o ‘una Nación en serio’. Lucharon por una sociedad radicalmente distinta”, asegura Giuliani.
- ¿Qué reflexión le merece que se haya logrado llevar a juicio a Luciano Benjamín Menéndez?
-El significado que tiene en el Siglo 21 para Córdoba tener sentado a Menéndez, enjuiciado por Delitos de Lesa Humanidad, es el mismo significado que tuvo para la Revolución de Mayo ajusticiar a Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre. Ese fue el primer intento contrarrevolucionario monárquico que hubo en nuestra provincia, que como digo siempre, es una provincia paradojal: la de la Reforma Universitaria y el Cordobazo, la del levantamiento de Liniers, la del golpe gorila del ‘55 y el reinado sobre la vida y los bienes de los cordobeses de Menéndez y la otra horda de asesinos que prestaron servicio en el terrorismo de Estado.
-¿Se puede decir que esa Córdoba prohija a un personaje como Menéndez, que era de los más emblemáticos del Proceso militar?
-Lo prohija, lo festeja, lo celebra... ¿La Voz del Interior es capaz de decir que el general Menéndez participaba de los aniversarios del diario centenario? ¿La Bolsa de Comercio será capaz de decir que engalanaba sus salones cada vez que había algún acontecimiento importante? ¿Lo podrán decir los grupos empresarios? ¿Los dirigentes políticos que lo visitaban en el Tercer Cuerpo pidiendo consulta y opinión mientras él, tenía las manos ensangrentadas de torturar y asesinar a compañeros? Su presencia en los palcos después de retornada la democracia. Córdoba le rinde pleitesía al poder permanente. ¿Cuál es ese poder permanente en Córdoba? El Arzobispado, el Tercer Cuerpo de Ejército, la Justicia cordobesa, la provincial y la federal, y los barones económicos, los dueños reales de las cosas porque el resto son gerentes. Los Roggio, los Pagani, los Urquía, la Bolsa de Comercio, donde juegan a la timba de las ganancias, y la Fundación Mediterránea, que es la que les baja línea, de donde surgió (Domingo) Cavallo y toda esta historia del neoliberalismo. En Córdoba, detectar a los grupos de poder es muy sencillo. Lo que pasa que como tienen comprados a los grandes grupos económicos que manejan la opinión pública en la provincia, todo se trata de manera diferenciada. Pero todo tiene que ver con todo. Todo lo que he nombrado ha sido tributario o beneficiario, de una manera u otra, del régimen de terror que implantó Menéndez desde el Tercer Cuerpo.
-¿Cree que la Justicia puede empezar a rendir cuentas con este juicio? Por todos los vericuetos que han impedido, más allá de los nacionales como el indulto y las leyes de impunidad, que esto suceda antes...
-La Justicia es el poder más retrógrado que queda en la Argentina y me parece que a esta altura del partido ya deberíamos interpelarnos si no es una barbaridad que siga existiendo un poder que formalmente y de fondo tiene una concepción feudal del manejo de la república, de la cosa pública. Desde el hecho que uno tenga que referirse a un juez como Su Señoría, Su Usía, como si fuera un ser superior; el entramando que tienen las familias cordobesas de doble apellido manejando los juzgados y las fiscalías más importantes; la sensación justificada del hombre de a pie de que existe una Justicia para los ricos y otra para los pobres es una cuestión absolutamente certificada. Creo que la democracia ha llegado a amplios estratos de la vida social argentina y cordobesa en particular. Y uno de los que apenas ha abierto algunas rendijas es la Justicia. Hay que tratar de que entren huracanes a los tribunales.
-Este juicio es significativo también por el hecho de que en Córdoba la represión -y a esto lo subrayaron los querellantes en sus alegatos- estuvo muy focalizada sobre la clase trabajadora, quizás más que en otros casos por ser una ciudad industrial.
-Sí, por supuesto. Además, el 62 por ciento de los desaparecidos en la Argentina eran militantes, miembros de comisiones internas, delegados o dirigentes de organizaciones de trabajadores. En segundo lugar, había en Córdoba un movimiento de trabajadores con una potencia de resistencia y combatividad muy fuerte. Antes del ingreso de la dictadura, funcionaba a full la Coordinadora de Gremios en Lucha, que eran sectores de cuerpos de delegados, algunas conducciones sindicales, agrupaciones de sindicatos que tributaban en otra dirección, que estaban directamente relacionados con la disputa por la renta con las patronales y tenía una fuerte incidencia de las organizaciones político-militares de ese entonces. Hay fotos demostrativas de esa realidad. Por lo tanto, cuando vino la restauración oligárquico-imperialista y llegó la hora del terror de los militares, que fueron la fuerza que usaron los grupos económicos para desembarazarse de la oposición, hicieron obviamente foco en la clase trabajadora. Hay sindicatos como el de Perkins que fueron directamente desmantelados, metiendo preso desde el secretario general, el Negro Villa, hasta algunos vocales como Carlos Ríos, y tiene siete desaparecidos. Acá fue particularmente brutal respecto a los trabajadores y lo hacían con conocimiento de causa: sabían que esta clase trabajadora no era claudicante con el poder, era combativa y era profundamente revolucionaria en sus postulados. Lo cual no quiere decir que haya sido solamente testimonial. Por el contrario, tenía construcción y organización. Yo tengo el orgullo de pertenecer a una central que es la primera que testifica en una causa contra los represores, llevando al juez (Baltasar) Garzón en España y también en Italia, respecto a los delegados, trabajadores, juntas internas y dirigentes sindicales que habían desaparecido en la Argentina, expedientes que llevaron los compañeros Víctor De Gennaro y Marta Maffei. Me enorgullece porque nosotros somos parte querellante en el juicio contra los genocidas.
-Justamente, la clase obrera tuvo un gran castigo pero también ejerció resistencia. Uno ve en la edición de la agenda de la CTA de este año la cantidad de fechas y acciones que hubo durante la dictadura misma.
-Es impresionante. Y cómo lo han ocultado, porque ellos tienen que invisibilizar que los trabajadores siguieron resistiendo. Metiéndoles un rulemán en la cinta transportadora, o miguelitos a la salida de los bondis, o haciendo huelga de brazos caídos, o trabajando “a tristeza”... El nivel de resistencia de los trabajadores fue una epopeya. Y si no, comparemos lo que duró la dictadura en la Argentina, con lo que duró en Chile o Uruguay. Eso te da el nivel de conciencia, organización y lucha de la clase trabajadora argentina comparada con la de nuestros países hermanos.
-Por ejemplo, los medios no se acuerdan de la huelga general y movilización del 30 de marzo de 1982...
-No se acuerdan. Porque además fue una cuestión pactada la salida de la dictadura y el ingreso de la democracia, cuando el primer gobierno constitucional, de Raúl Alfonsín, en el informe de la Conadep legitima e institucionaliza la “teoría de los dos demonios”. Entonces, si había “una banda de pequeños burgueses aventureros que andaban tirando tiros por ahí” -como decía el Partido Comunista Argentino- y estaban “las Fuerzas Armadas de la Nación” por el otro lado, la consecuencia es que el resto del pueblo miraba esto como un partido de tenis. Es funcional a la teoría de los dos demonios que se invisibilice la resistencia y la lucha de los trabajadores argentinos. Y es funcional a esa teoría que no hablen del 30 de marzo del ’82, cuando fueron reprimidos los trabajadores dos días antes de que (Leopoldo) Galtieri se dedicara a querer rescatar las islas Malvinas. Por eso la teoría de los dos demonios, que recién empieza a ser desmantelada ahora porque existe mayor nivel de conciencia y demás, realmente ha sido muy dañina, porque ha tergiversado la historia. Ha colocado, como si fuera un combate de minoría frente al aparato de las Fuerzas Armadas del Estado, lo que sin lugar a dudas era una lucha de las mayorías populares. No por casualidad, ellos aplican muy bien la ciencia política y el ensayo y error. El ensayo fue el Rodrigazo, una brutal devaluación con pérdida de poder adquisitivo del salario y aniquilamiento del ingreso de los trabajadores. ¿Pero qué pasó? Hubo una reacción impresionante. Una de las fechas de la historia argentina que habrá que recordar es el 27 de junio de 1975, una movilización convocada por los trabajadores que lo echó a Celestino Rodrigo (ministro de Economía de María Estela “Isabel” Martínez de Perón), lo echó como rata por tirante a (José) López Rega y obligó a Isabel a volver a abrir las paritarias. Y desencadenó entre los grupos económicos y los milicos la idea de que si Isabel es un gobierno títere, que ni siquiera era capaz de contener eso, “a la casa la atiendan los propios dueños”. “Terminemos con esta farsa e intervengamos nosotros”. Ellos fueron probando otras alternativas y vinieron para imponer un modelo que dinamite el Estado de bienestar social, implantado en la década del ‘40 y que -con los avatares del caso- duró prácticamente hasta el golpe de Estado. Había una sociedad casi de pleno empleo, movilidad social, una sociedad integrada, una Nación que respondía... Ni siquiera en el golpe militar Alfredo Martínez de Hoz pudo privatizar Aluar. Se opuso la Fuerza Aérea, porque Aluar fabrica aluminio y los aviones, entre otros componentes, tienen aluminio. Para romper con eso, tuvo que llegar la segunda década infame... estoy hablando del menemato.
-Supongamos que Menéndez y compañía y todos los que faltan terminen siendo condenados y enviados a cárceles comunes, ¿qué falta en materia de derechos humanos?
-En primer lugar, hay una contradicción flagrante -y forma parte del doble discurso que tienen en otras materias- en cuestión de derechos humanos, donde el Gobierno derogó las leyes de obediencia debida y punto final y de hecho tiene una política de reconocimiento de la memoria y la justicia. Sin embargo, según el último informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), un organismo insospechado de tener alguna mácula de oposición -porque sabemos la posición de Horacio Verbitsky frente a los últimos acontecimientos-, en la Argentina y sobre todo en los últimos cinco años el estado de las cárceles constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a las convenciones internacionales que ha firmado el propio Estado argentino. Eso forma parte de los derechos humanos, porque que vos estés privado de desplazarte en el espacio, privado de tu libertad, no significa que se te prive del resto de tus derechos humanos. La otra cuestión importante, que no tuvo el Gobierno y lo estamos pagando con Jorge Julio López, es la protección de vida a los testigos. Porque lamentablemente como no se han unificado las causas no se animan los jueces a plantear que acá hubo un genocidio, se siguen haciendo las causas por separado. Y si no fuera por el valor heroico de los testigos, que tienen que volver a revivir el terror y cara a cara decir: “Este me torturó” o “este asesinó compañeros”, no estarían presos. Ahí hay una falla del Estado, del Poder Judicial pero del Estado en general. ¿Qué otra prueba hace para decretar que acá en la Argentina hubo un genocidio y podamos sentar a todos estos tipos y juzgarlos? Y no ir causa por causa, con lo cual dentro de treinta años vamos a seguir haciendo juicios o van a concluir los juicios porque van a haber muerto estos genocidas. El Gobierno debería impulsar un poco más la unificación y la aceleración de las causas. Después hay dos temas: uno, están los derechos humanos del pasado, que me parece importante a condición de que no sólo recordemos el martirologio de las víctimas, sino que rescatemos el mensaje político e ideológico por el que vivieron, militaron y dieron sus vidas. Nuestros treinta mil muertos y desaparecidos no lucharon para tener un país con “un capitalismo de rostro humano” o para tener “una Nación en serio”. Lucharon para tener una sociedad distinta, radicalmente distinta. Y en segundo lugar, me parece que también integra el lote de derechos humanos básicos, los derechos a la vida, el alimento, la vivienda, la salud, la información, la educación y demás, temas en los que el Gobierno tiene asignaturas pendientes y notorias todavía.
