Este audiovisual es un reconocimiento a los hombres y mujeres que testimoniaron en el Juicio a las Juntas Militares en 1985. Los testimonios brindados en el Juicio a las Juntas tienen treinta años. 30 años de memoria.
El 9 de diciembre se cumplen 30 años del fallo a partir del cual la justicia civil condenó a los ex dictadores integrantes de las juntas militares que usurparon el gobierno de la Nación a partir del 24 de marzo de 1976. El juicio oral y público comenzó el 22 de abril de 1985 y se extendió durante 17 semanas, a lo largo de las cuales declararon 833 personas, entre ellas ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas, personal de las fuerzas armadas, peritos forenses y actores políticos.
Si bien el proceso judicial no se transmitió en vivo, todas las audiencias fueron registradas por las cámaras de Argentina Televisora Color (ATC). Por decisión de la Cámara Federal, los medios podían transmitir hasta 3 minutos diarios con imagen pero sin sonido. La lectura de la sentencia fue la única etapa del juicio transmitida de manera completa con imagen y sonido. En el año 2013 todo el registro audiovisual de las audiencias fue digitalizado e inventariado en 530 horas por Memoria Abierta.
Estas imágenes, capturadas, permiten hoy entender la fuerza de esos testimonios en un momento dónde era necesario romper el silencio frente a la sospecha del "por algo habrá sido". Las voces aquí presentes son de mujeres y hombres que pusieron sus cuerpos, sus denuncias, su coraje en esos primeros momentos de una sostenida lucha por memoria, verdad y justicia.
La Fiscalía, a cargo de Julio Cesar Strassera con la asistencia de Luis Moreno Ocampo, acusó a los procesados de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental, en el marco de un plan sistemático. Esta acusación tuvo como base el informe realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el presidente Alfonsín.
La sentencia confirmó la ejecución del plan sistemático, justificó la fuerza probatoria de los testigos, y condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y a Armando Lambruschini, a penas que van desde la pena de reclusión perpetua a cuatro años y seis meses, en todos los casos con accesoria de inhabilitación absoluta perpetua. Resultaron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna y los integrantes de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.
Fragmentos de la acusación de doctor Julio César Strassera:
“Señores jueces: La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.
Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó , lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país.
Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador".
(…)¿cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? ¿Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos y no es culpa de las víctimas. Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo. Entre las muchas deudas que los responsables de la instauración de este cobarde sistema de represión han contraído con la sociedad argentina existe una que ya no podrán saldar. Aun cuando ellos tuvieran prueba de que todas las personas secuestradas hubieran participado en actos de violencia, la falta de juicio y de sentencia condenatoria impide que la República considere a esas personas como responsables de esos hechos(…)Quisiera repetirlo: la falta de condena judicial no es la omisión de una formalidad. Es una cuestión vital de respeto a la dignidad del hombre(…) La combinación de clandestinidad y de mentira produjo efectos que trastornaron a la sociedad argentina(…) Sin embargo, aquí se ha acreditado que fueron secuestradas criaturas de meses, jóvenes de 14 años, una anciana de 77, mujeres embarazadas, obreros e industriales, campesinos y banqueros, familias enteras, vecinos de sospechosos, funcionarios del Proceso de Reorganización Nacional y funcionarios del actual gobierno, ex ministros del gobierno peronista, integrantes del Partido Comunista y un actual candidato a diputado de la Unión del Centro Democrático. También un embajador del gobierno militar, funcionarios judiciales, oficiales de la Marina, cualquiera podía ser devorado por el sistema. La afirmación de que sólo los que infringían la ley iban a ser sancionados encubría la realidad.
En la Argentina, todos estábamos en libertad condicional (…) Enseñar a leer, dar catequesis, pedir la instauración del boleto escolar o atender un dispensario, podían ser acciones peligrosas. Todo acto de solidaridad era sospechado de subversivo.
(…) Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’".
