Sentencia Causa Montiveros

Causa Montiveros // Cuarta audiencia

Ayer martes 27 de noviembre, se desarrolló en Tribunales Federales I, la cuarta audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en el que se juzga el accionar de la policía de la Provincia de Córdoba en los comienzos de la última dictadura.

Desde las primeras horas del día la lluvia no para, unas palabras escritas hace un tiempo son releías, ofrendadas: “en cada época están las memorias del pasado, las memorias que persisten y que impulsan. Hoy el día está mojado y es como si el pasado lloviera sobre nosotros y nos regara las ramas intrincadas de las memorias que nos habitan; como si nos regara la madera de la que estamos hechos hasta levantarnos, hasta lograr romper el simple cotidiano. Hasta que las lluvias -el sonido, el placer y las dagas de las lluvias- nos muestren que la memoria no es sólo lo que pasó, sino también todo lo que pudo haber pasado. 30000 COMPAÑEROS PRESENTES. AHORA Y SIEMPRE…”

La micropolítica: “Lo imposible solo tarda un poco más”
El 26 de marzo de 1976 en una casa del barrio San Vicente el Estado terrorista asesinaba a Vilma Etel Ortiz, José Luis Nicola y Gustavo Olmedo. Este acontecimiento fue un eslabón en una larga cadena de violencia institucional que había comenzado hacia unos años y que se potenciaría con el golpe de Estado que dos días antes de aquel 26 de marzo derrocara a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. En esa casa también estaba un bebé de 45 días: Santiago Nicola, hijo de José Luis. Santiago se salvó porque su padre o Vilma o Gustavo lo resguardaron de los disparos en un placar del baño. Hoy, 42 años después, Santiago declaró. 
Dar testimonio exige, entre otras cosas, reconocer que estamos involucrados en relaciones de transmisión con el pasado; transmisiones que asumen formas que varían según las posiciones en las que nos encontramos como sujetos en el presente, posiciones que (re)hacemos, que (re)inventamos. Pasado que deseamos dar sentido hoy. Pasado que implica el esfuerzo de reflexionar sobre su historia, “desde muy niño se la verdad, mi abuela recibió un llamado desesperado de mi mamá avisando que habían sitiado la manzana de San Vicente y que ella no podía ir porque la tenían marcada”, arranca Santiago el relato de los hechos, dejando bien en claro que su abuela, su “heroína” que lo rescató dos veces de tener una vida que no era la de él, es quien le transmitió cada paso dado: fue hasta San Vicente, a la D2, a la Casa Cuna donde la monja a cargo se llamaba Monserrat Tribo (sospechosa de participar en la dictadura con el robo de bebés) no quería entregarle al nieto, “quería que venga a buscarme mi mamá, sabiendo que eso era entregarse” . La abuela de Santiago, Irma Ramacciotti, no bajó los brazos, siguió, siguió y a los días pudo recuperar a su nieto. A la semana fue hasta el pasaje Bello de San Vicente y vio los escombros en que una bomba había convertido a la casa de la masacre, habló con los vecinos, volvió a la policía y allí un exalumno de primer grado (Irma era maestra y poeta) el policía Ríos, se conmovió con la historia y la ayudó a tramitar la recuperación del cuerpo de su yerno, al tiempo que le narraba lo sucedido la noche de los asesinatos, “hasta el día de hoy pueden verse los rastros de balas en las paredes”, enfatiza Santiago.
Lo reconstruido por su abuela, se suma a la documental que desde el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba se pudo recuperar en torno a su padre. Lo cual fue de gran valor para reconstruir las formas que adquirió la radicalidad contra los militantes y las organizaciones políticas por parte del aparato represivo del Estado en la década de 1970.
Como dice el Toto Schmucler, en nuestro país cuando hablamos de memoria, de inmediato aparece la idea de la muerte. Y cuando la muerte no es sólo un dato estadístico sino una cicatriz en nuestro propio cuerpo, el distanciamiento resulta imposible. La distancia no se hace posible. Somos lo que somos, porque hemos sido lo que hemos sido, “mi papá era de Santa Fe, de una familia de inmigrantes, trabajadores, desde chico sintió un compromiso con su tiempo. Vino a estudiar medicina a Córdoba, empezó a militar políticamente en OCPO y conoció a mi mamá, tuvieron un amor enorme, del cual soy fruto, me pusieron Santiago por Santiago Pampillón”, Santiago se acelera, traga saliva, “disculpen estoy un poco nervioso,” hace una pausa, sigue… En la sala sabemos que para estos hechos no hay amnistía; es decir, no hay olvido, porque el olvido no se puede imponer a nuestros espíritus. La amnistía, al fin y al cabo, no es más que eso: un olvido impuesto, y estos son delitos de Lesa Humanidad: “Quiero decirle al fiscal que pida las máximas condenas a estos asesinos, porque no puedo separar al pasado del presente, hace unos días estábamos en la marcha de la gorra, con chicos y chicas víctimas del gatillo fácil y al otro día la policía mata por la espalda a un joven en Villa Angelelli. Que la policía de hoy sepa que no se puede matar en democracia, que sepa que estos policías de antes fueron juzgados por esos crímenes. A ustedes, señores jueces, como justicia federal que son, les pido que busquen a mi hermano, hermana. Cuando secuestraron a mi mamá en abril del 77 estaba embarazada, mi abuela se pasó toda su vida viajando a Buenos Aires a buscar a mi mamá, a mi hermano o hermana”. Santiago, toma aire, dejando un desafío al fiscal Maximiliano Hairabedian y al Tribunal: son ellos los que tienen que asumir sus responsabilidades, entre ellas la de juzgar hechos pasados, modificando las injusticias del presente
La memoria nos hace responsables de nuestros actos, porque los actos colectivos son la suma de los actos individuales. Santiago lo reconoce, desde el amor a todas aquellas personas que dejaron de hacer cosas para criarlo, para acompañarlo, desde el amor a su compañera y a sus hijas, desde las palabras de su heroína, que entre muchas cosas, le enseñó que “lo imposible sólo tarda un poco más”

 “Hay cosas que se saben sin haberlas visto”
Raúl Bernardo Berti, en 1975 alquiló una casa en la calle Brasil, con su hermano Carlos y José Villegas, un amigo. Raúl era empleado bancario, Carlos y José estudiantes universitarios.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “la gente común”? “Yo me levantaba 6:30 – 7, a las 7:30 entraba al banco y volvía a esos de las 5 de la tarde, porque cuando salía del banco almorzaba con una novia que tenía. Mi hermano y mi amigo estudiaban y militaban en la JUP (Juventud Universitaria Peronista). Eran muy buenos estudiantes, mi hermano desde la primaria 9, 10… Habíamos acordado que en la casa nada de militancia, por mi trabajo y por un tío juez federal que nos había salido muy amablemente de garante y que además era contrario a las ideas de mi hermano. La casa para estudiar, la militancia en la universidad”. Desde el comienzo de su testimonio Raúl va a intentar quitar la lupa de lo político: “es mentira que había armas, eran muy buenos estudiantes, yo trabajaba, los chicos se habían hecho muy amigos del carpintero que nos alquilaba la casa y tenía la carpintería al lado ¡hasta hicieron algunos trabajos!, eran unos perejiles...”. El relato continua y la política empieza a colarse, “un día mi hermano que nunca me mentía, me dijo que tenía un bolso con dos revólveres, pero que no me preocupara que no eran de él y que ya se lo iban a llevar”. Una tarde Raúl llegó “con las últimas sombras del día” y vio sobre la mesa unos lanza panfletos. Antes de relatar la discusión con su hermano, describió minuciosamente como se construía un lanza panfletos: una mecha, una lata, arriba los papeles, el tiempo de la huida… Luego de la discusión Carlos se comprometió a sacar todo al otro día, también le pidió si podían alojar a un pibe que no tenia donde ir, por unos días (el chico se llamaba José Osatinsky, tenía 15 años). Raúl dijo que sí, pero que el trato era nada de militancia en la casa, “más allá de las discusiones políticas entre ellos, como era el clima de época”.
Al otro día Raúl salió temprano para su trabajo, en la casa quedaron Carlos, Villegas y Osatinski, se les sumo Néstor “Lana” Morandini. A media mañana una bomba lanza panfletos exploto en la casa, los cuatros salieron a decir a la vecindad que había sido una garrafa, que se quedaran tranquilos. Asustados entraron, asustados espiaron a la calle, asustados vieron un patrullero pasar mirando para la casa, asustados corrieron por los techos sin disparar un tiro, quizás sin llevar armas y “a unos 50-60 metros escucharon los disparos que tiraban la puerta… no tocaron timbre”. Hacia el sur corrieron por los techo, llegaron a la calle, volvieron a saltar para seguir una manzana más. Carlos y Lana pudieron, José y el pibe Osatinski no, intentaron volver: los acribillaron. La política conquista el relato de Raúl cuando vuelve a sonar un teléfono a las 11 de la mañana del 2 de julio de 1976 en su trabajo, es Carlos: “está la policía en casa, andate ya te van a ir a buscar porque la casa está a tu nombre, andate y nos encontremos así te cuento bien”. Cuando Raúl se encontró con Carlos en barrio Jardín, se enteró que la casa había sido reventada por la policía “Los medios publicaron un arsenal que no entraba en la casa ¡Mentira! No mostraron lo que se robaron los defensores de la propiedad privada: una motoneta, muebles, dos guitarras, 220 discos, herramientas de la carpintería, un tocadisco Audinac de última tecnología…” el testimonio de Raúl se enardece, se politiza, “lo que publicaron los medios fue una burla de panfleto político”.
Raúl hablo con sus padres para que supieran que sus dos hijos vivían, a los días al padre le dijeron que sus hijos habían muerto. Reconocido medico de Río Cuarto, el padre se vino para Córdoba, a la morgue, “camilla, tras camilla traían chicos”, no lo soportó, “se quebró, se vino abajo, dos meses después murió de un infarto”.
Raúl y Carlos se exiliaron en Buenos Aires. En abril del 77 despareció Carlos. Lana Morandini desapareció con su hermana Cristina, también en Buenos Aires. Raúl se exilió en Brasil. 
Hay veces que el horror indecible asume riesgos y se vuelve narración, testimonio.

“Había algo fuera de lo normal”
Manuel Isidro Ocampo en 1976 formaba parte del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba, era compañero de alguno de los imputados de este juicio.
Juez: “¿Conoce usted a los acusados, tiene alguna relación de parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta o relación laboral con alguno de ellos o tiene algún interés directo o indirecto en esta causa?”
Ocampo: “See… Nada más allá de una amistad, de una relación de trabajo”.
El ex policía, retirado Comisario luego de 28 años de servicio, es el último en declarar en esta audiencia. Mezquino, quisiera evadir las necesarias preguntas sobre el rol jugado por las fuerzas policiales en los momentos en que la dictadura accionaba el genocidio en nuestra país, “eso no lo recuerdo”, la repuesta recurrente del policía que no llegó a la casa de barrio Güemes donde fusilaron a Villegas y a Osatinsky, sólo porque en el camino el patrullero en el que se conducía chocó con un taxi. 
Los patrulleros, al decir de Ocampo, más allá de las órdenes de los superiores, siempre que escuchaban por la radio que el orden social estaba amenazado o que se perturbara el “normal” funcionamiento de la ciudadanía y, en el peor de los casos, “hasta desobedeciendo ordenes superiores”, cuando oían de algún tiroteo salían en auxilio “porque había un gran espíritu de cuerpo”. 
Ocampo evade respuestas, sin saber que no se puede relativizar el crimen de la desaparición, ni de los asesinatos, ni de las torturas, ni de los robos de bebés. No se da cuenta que ninguna explicación liviana puede amenguar esa culpa. Ocampo, quizás no entienda que en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia se trata de comprender cómo llegamos a la Argentina de la dictadura, también de cómo seguimos. Sin que eso signifique olvidar, mucho menos perdonar.

Causa Montiveros // Séptima audiencia
El martes pasado se desarrolló en Tribunales Federales I, la séptima audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en el que se juzgan el accionar de la policía de la provincia de Córdoba en los comienzos de la última dictadura.  En representación de Sara Solarz de Osatinsky (madre de José Osatinsky, víctima en este juicio), alegó la querella integrada por Claudio Orosz y Lyllan Luque. Luego de un cuarto intermedio, el fiscal Maximiliano Hairabedián inició la acusación por un total de nueve hechos. El alegato de la Fiscalía seguirá el próximo martes. Tenía 15 años: la militancia de los estudiantes secundarios.

Recordemos que la presencia de Sara Solarz en este proceso judicial se vio imposibilitada por su estado de salud, por lo que la querella pidió la incorporación de sus declaraciones tanto escritas como en video y audio ante el Tribunal Oral I en el marco de la causa La Perla, D2, La Ribera. Las palabras y las acciones de Sara Solarz de Osatinsky son la prueba de que la promesa de Verges “de que el apellido Osatinsky iba a desaparecer de la faz de la tierra” no pudo ser posible.
El relato de la querella lo inicio Orosz levantando y mostrando a toda la audiencia una foto de José Osatinsky que en julio de 1976, a los 15 años, fue asesinado por la ejecución de un plan clandestino, sistemático y generalizado de aniquilación de la oposición política desde el Estado terrorista. Este plan se inició el 24 de marzo de 1976 en la Argentina y en el caso de Córdoba ya se ejecutaba desde septiembre de 1974, cuando desde las esferas del poder estatal se fomentaba la eliminación de personas por su ideología mediante bandas paramilitares y parapoliciales. Esto hace que el hecho de los asesinatos de Osatinsky y Villegas se constituyan en Delitos de Lesa Humanidad.
El alegato de Orosz y Luque se da en el marco del hecho 8 de la denominada “Causa Montiveros”, en donde las víctimas son José Osatinsky y José María Villegas. 
El hecho fue parte del ataque sistemático perpetrado por las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad en el marco de lo que se dio en llamar “lucha contra la subversión”, con fecha 2 de julio de 1976, siendo aproximadamente entre las 10.00 y 11 hs., personal del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba que se conducía en 11 patrullas y más de 30 policías habría sido comisionado al domicilio sito en calle Brasil N° 669 de Barrio Güemes de esta Ciudad de Córdoba, a raíz de una explosión producida minutos antes en la vivienda en la que se hallaban cuatro jóvenes estudiantes, algunos de los cuales, habrían militado en la JUP –Juventud Universitaria Peronista-.Tras identificar la casa y al advertir que los ocupantes de la morada procuraban darse a la fuga por los fondos de la vivienda, alcanzando los techos de los inmuebles vecinos, los policías emprendieron la persecución de aquellos cuatro jóvenes utilizando innecesariamente sus armas de fuego contra los fugitivos, circunstancias en las que habrían dado alcance con los disparos a dos de ellos –luego individualizados como José Osatinsky de 15 años de edad y José María Villegas de 21 años de edad–, provocándoles graves heridas que ocasionaron de inmediato sus muertes, en tanto que los restantes que se encontraban en la vivienda, Carlos Berti y Néstor Morandini, lograron escapar del tiroteo policial. 
Luego de leer textual el hecho, la querella contextualizo los, poniendo el foco en “hablar de una militancia un poco olvidada: la militancia de los estudiantes secundarios”. Un repaso histórico por el golpe de Estado de 1955, la proscripción del Peronismo, el Mayo Francés, la Revolución Cubana, la muerte del Che, el Cordobazo y otros hitos de nuestra historia reciente sirvió para mostrar como en aquellos años en la Argentina se empieza a producir un proceso de radicalización en las luchas sindicales, estudiantiles y políticas. Y así, en este contexto, se puede entender, en palabras de Orosz “que un adolecente de 15 años José Osatinsky, luego de sufrir el asesinato de su padre en 1975 y el de su hermano en marzo de 1976, fuera uno de los objetivos de las fuerzas de seguridad. Esa mañana fue cercado y sacado del lugar donde se había refugiado, luego de un operativo rastrillo casa por casa y una vez capturado asesinado con centenares de balazos por el personal policial”.

La división del trabajo: yo cerco, tu rastrillas, ustedes secuestran, ellos disparan...

A su turno la Dra. Lyllan Luque alegó en torno a la valoración sobre la existencia material del hecho. Para ello se apoyó principalmente en los testimonios, declaraciones y pruebas que se dieron a lo largo de las audiencias: “Queda claro que no se trataba de una casa operativa de la organización, sino de simpatizantes. Era una casa de estudiantes.”
En cuanto a la presencia de Osatinsky en la casa de calle Brasil, la querella rescató el testimonio de Pinchesky quien dijo que “sabía que era un militante en UES, era muy jovencito y que fue ese día porque tenía conocimiento del armado de las bombas panfleteras”. José era la primera vez que iba a esa casa y tampoco conocía el barrio.
Dos documentos producidos por las propias fuerzas de seguridad: el Memo DGI.cd. 410.S.I de fecha 5 de julio de 1976 (fs. 3 y4 ) y las copias del libro de novedades de guardia del Comando Radioeléctrico del día 2 de julio de 1976. Sirvieron para demostrar los móviles que acudieron al lugar y los nombres de los policías, entre ellos: el 284 (Perrin), 348 (Bustos), 243 (Acevedo), 135 (Rojo). Bustos estaba a cargo de todo el operativo.
Luque trae los dichos de los propios imputados en sus declaraciones indagatorias, instancias en la que relata que “fue el personal de los móviles de Perrin y Bustos los que ingresaron a la vivienda y se percataron de que huían por los techos, a raíz de la huida hacia pardo de Figueroa, se solicitaron refuerzos. Éstos llegaron casi inmediatamente respondiendo al llamado eran los móviles números 331, 129, 116, 130 (o 299), 305, 197 y 286, en uno de ellos el 130 o 299 se conducía como chofer Raúl del Prado”.
Ninguno de los vecinos manifestó que haya habido un intercambio de disparos desde la casa de Calle Brasil o en algún punto del recorrido, y menos que se hayan desalojado las casas colindantes por la supuesta existencia de explosivos activados. Los dichos de los vecinos y de la dueña de la casa en la que vivían los jóvenes, desmontan el pretendido enfrentamiento diseñado para encubrir el homicidio de jóvenes desarmados.
Para la querella el homicidio de José Osatinsky se halla acreditado por la siguiente prueba documental: el Libro de registro de ingresos y salida de la Morgue Judicial de Córdoba consta que con fecha 2 de julio de 1976, a las 13:30 hs. y 13: 35 hs. ingresan dos cadáveres sin identificar. En el folio 252 con los números 671 y 672 provenientes de Medicina Forense FFAA. La identificación de los cuerpos como José Osatinsky y José Villegas se encuentra acreditada por el informe del Jefe de Policía de la Provincia del 14 de julio de 1976 (fs. 83) informando la identificación de los mismos, quienes fueron abatidos por personal policial el 2 de julio en la intersección de Corro y Brasil. Así mismo se incorporaron al debate: la remisión de las fichas dactiloscópias al J. Militar Nº 73 desde la policía de la provincia (76/82), Acta de inhumación de los restos en el Cementerio San Vicente (65/7)
En el acta de defunción incorporada al debate, consta que la causa de muerte fue hemorragia masiva por múltiples herida de bala.
Para finalizar el alegato, la querella hizo unas consideraciones sobre la participación del comando Radioeléctrico y de Raúl Oscar del Prado en los hechos. Del Prado fue procesado por los hechos acaecidos el día 2 de julio de 1976 por el delito de homicidio agravado en grado de participación secundaria (art. 80 insc. 2 y 4 y 46 del C.P. vigente al tiempo del hecho) en perjuicio de dos víctimas: José Osatinsky y José María Villegas.
En este alegato se demostró que “todos los agentes que actuaron dentro de esta estructura lo hicieron de forma concertada, con un conocimiento conjunto en todo lo referente a detenciones clandestinas de personas, mantenimiento de esa situación, tormentos y ulterior disposición de las mismas”.
Por estas razones la querella consideró que la conducta desplegada por Del Prado, como parte de la estructura represiva, se enmarcada en el art. 45 del CP vigente a la fecha de los hechos, esto es “como CO AUTOR POR DOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO LO QUE DEJAMOS EXPRESAMENTE SOLICITADO”. Por todo lo alegado se solicitó la pena de PRISIÓN PERPETUA, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales y costas.