Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba
Iniciado el 4 de diciembre de 2012 en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba (TOF Nº 1), el juicio de la megacausa “Menéndez III” (D2 – Campo de la Ribera – La Perla) está a punto de arribar a la ansiada sentencia, prevista para el 25 de agosto próximo. Es el más extenso proceso oral de la historia de la justicia penal de Córdoba y el más trascendente de su historia política, con más de 350 jornadas de audiencia que se extendieron durante tres años y ocho meses.
La megacausa reúne a 22 expedientes que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en el período histórico comprendido entre el golpe de Estado policial conocido como el Navarrazo, el 28 de febrero de 1974, hasta el final de la dictadura cívico-militar, el 10 de diciembre de 1983; incluye a 58 acusados –once fallecidos y cuatro apartados durante el transcurso del juicio–, entre militares del Ejército, personal civil de inteligencia y policías de Córdoba, y busca establecer justicia para 706 víctimas: 365 asesinadas o desaparecidas, 340 sobrevivientes y un niño nacido en cautiverio y apropiado que hoy tendría 40 años de edad.
Con eje en lo ocurrido en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, principalmente La Perla y Campo de la Ribera aunque también el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar, el proceso expone la índole sistemática y masiva del plan de exterminio de opositores políticos perpetrado por el Estado terrorista. Como parte de ese plan, se juzgan por primera vez en Córdoba los delitos de apropiación de niños, contra la integridad sexual y de índole económica.
Además, numerosos testimonios y documentos revelan la composición cívico-militar de la dictadura, al aportar un inmenso cuerpo de evidencias sobre la complicidad de miembros de instituciones como el empresariado transnacional, la Iglesia Católica, el Poder Judicial y parte de la dirigencia política. Las denuncias al respecto formuladas durante el juicio dieron lugar a investigaciones específicas sobre la participación de estos sectores en la represión institucional.
El Ministerio Público Fiscal y las querellas de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia de Córdoba (Serpaj) y otras particulares han basado su acusación en una amplia y extensa instrucción, iniciada e interrumpida en varias ocasiones desde 1984, con el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas delegación Córdoba y las primeras investigaciones judiciales alimentadas por los propios organismos de derechos humanos.
Al inmenso acervo reunido durante varias décadas, se sumaron durante el juicio nuevos testimonios y documentos, en muchos casos provistos por los equipos de investigación de los espacios para la memoria de Córdoba. Otra valiosa contribución al proceso de justicia fue el hallazgo e identificación de los restos óseos de cuatro víctimas en los hornos de la estancia La Ochoa, en predios del ex CCDTyE de La Perla, por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Desde su inicio, quienes lograron sobrevivir al terrorismo de Estado han aportado su testimonio a la instrucción de estas causas, y volvieron a hacerlo en el juicio en calidad de víctimas. Ellos fueron los “testigos troncales”, entre las 581 personas que atestiguaron en esta megacausa. A 40 años de los hechos, los sobrevivientes del horror y los familiares de los asesinados y desaparecidos esperan justicia. Ha llegado el tiempo.
Claveles rojos y libros de derecha
La mañana del 4 de diciembre de 2012 una masiva movilización acompañó el inicio del juicio en los Tribunales Federales de Córdoba. En una sala colmada, los familiares, amigos y compañeros de las víctimas portaban retratos y claveles rojos en su homenaje.
Mientras tanto, en el banquillo de los acusados varios represores intentaban ocultar sus rostros de los fotógrafos, simulando leer libros que buscan demonizar a la militancia revolucionaria de los años 60 y 70.
Apenas el juez Jaime Díaz Gavier, presidente del TOF Nº 1, dio por iniciada la audiencia, el abogado defensor Juan Carlos Belagardi objetó en nombre de sus representados las flores y retratos, por considerarlos “símbolos agraviantes” que los familiares de los “subversivos” portaban para “ofender a los acusados”.
En respuesta, el fiscal general de lesa humanidad Jorge Auat reivindicó el derecho de los familiares de “traer a la audiencia el recuerdo de las víctimas” y retrucó: “Ya hemos tenido que soportar actitudes provocativas de imputados en otros debates de lesa humanidad, cuando portaron escarapelas enlutadas durante las audiencias. Un uso perverso y estratégico”.
Al oír esto, algunos imputados se levantaron de sus butacas, agitaron los puños y profirieron insultos, hasta que el juez ordenó evacuar a los más exaltados. Luego, el Tribunal rechazó el planteo de la defensa, considerando que la portación de una foto o un clavel “no puede constituir lo que dice el artículo 369 del Código Procesal Penal respecto a actitudes intimidantes o provocativas”.
Una de las intervenciones que zanjaron la polémica fue la de María Teresa Sánchez, abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba: “Las flores y las fotos de los queridos desaparecidos y asesinados no son un acto de provocación. Son un símbolo de vida y un pedido de justicia”.
El incidente inspiró a Virginia Rozza, responsable del área de Pedagogía de la Memoria del Archivo Provincial de la Memoria (APM), para escribir: “Desde entonces hacemos flores en las escuelas, en las plazas, en los bares, en las fábricas, en la universidad, en los barrios, en los sitios de memoria… Flores rojas como símbolo de ausencia y homenaje, las llevaremos mientras los genocidas sigan escondiendo el destino de los cuerpos, sabiendo que no pueden esconder la historia ni esquivar la justicia”.
Otras notas de esta crónica:
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Iglesia: cúpula aliada, bases víctimas
Magistrados y funcionarios: obediencia debida y algo más
"Un halo de luz y justicia sobre la dictadura cívico-militar. Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba", esta crónica fue realizada por Alexis Oliva con el aporte de las Áreas de Comunicación de los Espacios de Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla y Campo de la Ribera).
La crónica completa se puede descargar en pdf aquí
