La Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Córdoba, expresa su absoluto repudio y su más profunda preocupación por los hechos de violencia desplegados por el gobierno de la República de Chile, ante la masiva protesta social de su pueblo.
Asimismo nos solidarizamos con nuestros hermanos chilenos, ya que desde hace tres días somos testigos virtuales de una tensa situación en las calles de cada ciudad chilena, pero el reclamo social, lejos de ser escuchado ha devenido en violencia estatal desmedida, que a la fecha y según fuentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha cobrado, tristemente, la vida de cerca de dos decenas de personas, ha dejado incontables heridos, cientos de detenidos, y gravísimas denuncias sobre las fuerzas de seguridad, por su actuación incompatible con la esperable en una milicia de la democracia.
Las imágenes y las denuncias que llegan desde Chile, no pueden sino retrotraernos tristemente a la metodología represiva implementada por el terrorismo de estado en Chile, a partir del derrocamiento sangriento del gobierno de Salvador Allende. Fusilamientos, torturas, secuestros, violaciones, cifras poco claras de muertos y heridos, la reticencia de los ciudadanos de asistir a centros asistenciales por miedo a quedar detenidos por las fuerzas de seguridad, y sobre todo ello, la pérdida de garantías y libertades individuales merced a la declaración del estado de excepción y el toque de queda, medidas que consideramos desproporcionadas e inadmisibles en su continuidad en el tiempo, las que entendemos atentan contra el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión, la vida e integridad personal, el debido proceso y otros derechos constitucionales, que pese a este estado de excepción, deben seguir plenamente vigentes en un estado de derecho.
Por último, y en razón de lo expresado, exhortamos a las autoridades ejecutivas a restablecer en forma inmediata el estado de derecho, ordenar a las fuerzas represivas el cese inmediato de la represión a la protesta social, garantizando de manera inmediata el absoluto y pleno respeto a los derechos humanos para cada persona que habite suelo chileno, como única herramienta posible para el restablecimiento de la paz social en Chile.
