A principios de 1974 un golpe de estado provincial encabezado por el entonces jefe de la policía Tte. Cnel. Antonio Navarro -conocido posteriormente como el “Navarrazo”- inauguró una etapa de brutal persecución contra sectores movilizados de la sociedad civil. Casi al mismo tiempo, comenzaron a actuar comandos paramilitares como las “tres A” y los “Comandos Libertadores de América”, reprimiendo con una metodología de secuestro y asesinato.
De la Córdoba combativa a la Córdoba represiva
Se trataba de frenar el impulso creciente de movilización político-social que destacaba a Córdoba en el escenario nacional. El “Cordobazo” marcó un punto de inflexión para la historia de nuestro país. La unión entre estudiantes y obreros hizo posible la movilización popular en 1969, y derrocó la dictadura de Onganía. El posterior triunfo de la fórmula Obregón Cano-Atilio López en 1973 profundizó el rumbo de una de las provincias más combativas.
La implementación de la represión ilegal en Córdoba comenzó con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, mediante un golpe policial que derrocó al gobierno constitucional de la provincia. El “Navarrazo” se produjo el 28 de febrero de 1974 y estuvo a cargo del jefe de policía, el Coronel Antonio Domingo Navarro. A los pocos meses, distintas designaciones oficiales marcaban el rumbo de lo que vendría. La intervención de la provincia se produjo en septiembre del `74 de la provincia a cargo del Brigadier Raúl Lacabanne y la Policía quedó a cargo de Héctor García Rey, quien venía de dirigir la policía de Tucumán donde había sido denunciado por torturas. Estas máximas autoridades implantaron un plan represivo para perseguir, detener o secuestrar, torturar, matar y desaparecer.
Más adelante, en 1975, el Gobierno presidido por Isabel Perón firmó el decreto de “aniquilamiento de la subversión” (Dec. PEN 261/1975) que habilitó al Ejército para reprimir a diversos movimientos políticos y sociales.
La triple A
La Alianza Anticomunista Argentina (AAA) a nivel local desarrolló su máxima actividad bajo el poder de Lacabanne, entre septiembre de 1974 y el mismo mes de 1975. Los integrantes de esta patota eran civiles y estaban vinculados a distintos espacios de la administración pública local, como el Banco Social, el Ministerio de Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad de la Intervención y también algunos sindicatos vinculados al peronismo de derecha, como la Comisión Normalizadora del SMATA. Por entonces, el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2) se convirtió en el epicentro de la represión y elaboró un “registro de extremistas”, un libro donde dejaban constancia del nombre y fotografía de las personas consideradas “peligrosas” por su activismo político y social. Desde su creación el D2 tuvo el propósito de hacer “inteligencia” sobre la sociedad como un engranaje más en el sistema generalizado y sistemático de persecución política.
Se puede decir que a partir de 1974, espacios como el Pasaje Santa Catalina, dónde funcionaba el Departamento de Informaciones de la policía (D-2), fue una preforma de Centros Clandestinos de Detención, constituyendo una de las facetas más representativas y clandestinas de aquel sistema, desarrollando numerosos dispositivos para instaurar el miedo y la desmovilización social.
El Comando Libertadores de América y el “Terror Negro”
El 3 de septiembre de 1975, Luciano Benjamín Menéndez fue designado jefe del III Cuerpo del Ejército. Poco tiempo antes, había hecho su aparición pública -mediante el asesinato de la familia Pujadas- el Comando Libertadores de América (C.L.A.), un grupo integrado por efectivos policiales, militares y civiles, conformado para llevar adelante la mecánica clandestina de la represión. El Ejército asumió la coordinación de este grupo en la figura del entonces Capitán Héctor Pedro Vergéz, quien consolidó su poder desde el Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”.
A partir de entonces, la represión política se profundizó, enmascarándose en una pseudo-legalidad supuestamente sustentada por ciertas disposiciones y normativas del Estado. La represión llegó a niveles de crueldad y terror inéditos hasta ese momento. Las víctimas eran fusiladas y sus cuerpos aparecían luego distribuidos en distintos puntos de la provincia. Lo que se pretendía era infundir temor en toda la sociedad, modalidad que era conocida como “Terror Negro”. A fines de 1975 se pone en funcionamiento el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en el Campo de la Ribera, una antigua cárcel militar.
