El juicio "Menéndez III" investiga con amplitud y profundidad un terror estatal que en la provincia de Córdoba comenzó mucho antes del 24 de marzo de 1976. Desde el golpe policial que el 28 de febrero del 74 derrocó al gobierno democrático de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, los sucesivos interventores federales consintieron el accionar de las bandas armadas paraestatales, que experimentó una escalada criminal hasta la conformación, a mediados del 75, del Comando Libertadores de América (CLA), dirigido por el capitán del Ejército Héctor Pedro “Vargas” Vergez, secundado por el jefe del D2, el suboficial retirado de la Aeronáutica Raúl Pedro Telleldín, y desde septiembre de ese año bajo control de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. Al CLA lo integraban militares, policías y civiles.
En ese período, la represión se sistematizó y profesionalizó: el asesinato con saña y alevosía fue reemplazado por la secuencia de secuestro, tortura, interrogatorio y ejecución. Las causas “Barreiro”, “Vergez”, “Yanicelli” y “Antón” abordan este “terror negro”, cuyo primer objetivo fue atacar a las organizaciones revolucionarias –en particular a dirigentes y militantes que habían participado en acciones guerrilleras– y a quienes habían integrado la gestión de Obregón Cano y López. De esa etapa, prácticamente no hay sobrevivientes y la investigación de estos crímenes fue un rompecabezas jurídico de trabajosa resolución.
Terror negro y venganza
En la cronología de los hechos incluidos en el juicio, las primeras víctimas fueron Graciela del Valle Maorenzic –viuda de Antonio del Carmen Fernández, un legendario dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ejecutado por el Ejército en Catamarca el 12 de agosto de 1974– y María de las Mercedes Gómez de Orzaocoa, secuestradas por el CLA el 21 de marzo de 1975. Testigo en el juicio, el abogado Carlos Orzaocoa recordó que “pasaron 7, 8 y más días y no blanqueaban ni a Mercedes ni a Graciela. La palabra desaparecido no estaba aún en nuestro léxico”. Al momento del secuestro, su esposa estaba embarazada de siete meses, por lo que pidió que “se investigue muy especialmente la situación de apropiación de mi hijo o hija, para que con el esfuerzo del Estado, de las Abuelas de Plaza de Mayo y el que vamos a poner nosotros y mi familia, podamos encontrarlo”.
El 14 de agosto de 1975, fueron asesinados los padres y dos hermanos menores de Mariano Pujadas, miembro fundador de la guerrilla peronista Montoneros fusilado junto a otros quince presos políticos en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, luego de la fuga de la cárcel de Rawson, el 22 de agosto de 1972. Los cuerpos sin vida de José María Pujadas, Josefa Badell y sus hijos José María y María José fueron hallados en un pozo cerca de Alta Gracia, de donde el bombero Mario Ignacio López rescató con vida a la esposa del joven, Mirta Yolanda Bustos, según atestiguó López más de 38 años después.
El plan de venganza y escarmiento continuó el 21 de ese mes, víspera del tercer aniversario de la evasión de Rawson, con el asesinato de Marcos Osatinsky, uno de los seis jefes guerrilleros que habían logrado escapar. Detenido en el D2, fue asesinado por policías y militares del CLA con el falso pretexto de otro intento de fuga. “Fuimos una familia comprometida con las luchas políticas de mi país. Con Marcos comenzamos a militar en la Federación Juvenil Comunista, luego en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego de la fusión, en Montoneros. Criamos a nuestros hijos en los valores de toda una generación. Marcos era dirigente. Marito era militante. José no fue militante. Los tres fueron asesinados, ninguno murió en enfrentamientos. El cuerpo de Marcos fue dinamitado”, declaró en el juicio su viuda, Sara Solarz. El propio Vergez le relató los asesinatos mientras ella estaba secuestrada en la ESMA.
La escalada represiva continuó con los secuestros y asesinatos de los oficiales montoneros Horacio Pietragalla y Eduardo Jensen, el 15 de octubre; de José Miguel Ferrero y los hermanos Oscar Domingo y Juan José Chabrol, militantes de la Juventud Guevarista (JG) del PRT, el 18, y de Hugo Estanislado Ochoa, dirigente del SEP y empleado del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, identificado con el gobierno de Obregón Cano y López, el 12 de noviembre. El EAAF lograría identificar el ADN de Pietragalla en 2003, de Ochoa en 2005 y de Jensen en 2007, entre los restos recuperados de una fosa común en el cementerio San Vicente.
El cruento final del 75 comenzó con la masacre de nueve estudiantes universitarios, cinco oriundos de Bolivia, uno de Perú, dos cordobeses y un rosarino, secuestrados en barrio Jardín Espinosa y acribillados en un camino de tierra paralelo a la ruta 5, en la madrugada del 4 de diciembre. Un comunicado del CLA aparecido al día siguiente proclamó que fueron ejecutados por “pertenecer a la subversión apátrida”. En similares términos se publicitaron varios crímenes de esta etapa. Como tras el asesinato de Pietragalla y Jensen: “Este comando no advierte, ejecuta”.
De prisión militar a CCDTyE
A fines de noviembre de 1975, el coronel Juan Carlos Lona, a cargo de la prisión militar de Campo de la Ribera, recibió la orden de trasladarla a los cuarteles de La Calera “sin sobrepasar el 8 de diciembre de 1975”. Así se la convirtió en un campo de concentración y exterminio, el segundo en el país después de Famaillá, Tucumán.
Por esos días, a través del infiltrado Rafael “El Oso” Ranier, el Ejército descubrió un plan del ERP para asaltar el Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Como jefe operativo de la contrainsurgencia en la provincia, Vergez concentró la represión sobre la compañía urbana del ERP “Decididos de Córdoba”, uno de los refuerzos previstos para el ataque a Monte Chingolo, que sería repelido el 23 de diciembre del 75 con un saldo de 62 muertos del ERP –unos treinta ejecutados luego de rendirse–, tres oficiales y cuatro soldados del Ejército, y 34 heridos de ambas fuerzas.Entre el 10 y el 16 de ese mes, trece miembros de “Decididos” fueron secuestrados. Entre ellos, los esposos Marta Susana Ledesma y Sergio Comba, arrancados de su casa de barrio Altamira el 10 a la noche, junto a su hijo Martín Ignacio Comba, de tres meses, y Marta Inés Taborda, de cuatro años, hija del matrimonio anterior de Ledesma. 37 años después, Marta Inés reveló en el juicio detalles del secuestro. Los captores la subieron a su madre, al bebé y a ella en un auto y a Comba en otro. Los llevaron a la casa de sus abuelos maternos. Al entregar los niños al dueño de casa, uno de los secuestradores le dijo que una mujer se los había dado “en la calle”. La niña intervino: “No, Tata, es mentira, la mamá está en un auto ahí en la esquina”. “Espere que voy a anotar su nombre”, dijo su abuelo. “No va a anotar nada. Agradezca que le traemos los chicos”, lo cortó el represor.
Esos trece prisioneros no llegaron a enterarse de la derrota de sus compañeros en Monte Chingolo. El entonces soldado Oscar Osvaldo Neyra alcanzó a verlos con vida en La Ribera. “Llegaban autos particulares con gente de civil. Yo percibía que era algo que no tenía que ver: bajaban gente, chicos jóvenes con los ojos vendados y maniatados”, narró al declarar en la megacausa. En una sala, había “elásticos de camas con picanas enchufadas, y un recipiente como una olla grande que tenía agua”.
En su valioso testimonio, Neyra recordó que en esos días de diciembre un helicóptero aterrizó en la ex cárcel militar: “Bajaron a unas personas y a un señor bien alto, robusto, con los ojos vendados y las manos atadas y lo llevaron adentro, a ese sector donde estaba la cárcel. Y de casualidad también estuve cuando sacaron a este señor, o supongo que era él por el volumen, con una colcha atado como un fiambre, no sé si estaba vivo o muerto, y lo subieron al helicóptero que había bajado otro día y se lo llevaron”. Por la descripción, la querella y la fiscalía deducen que se trataba de Tomás Rodolfo Agüero, uno de esos trece militantes del ERP que –según relatarían varios sobrevivientes de La Perla– fueron acribillados en las galerías del patio de Campo de la Ribera.
“Desde ese lugar hicimos operaciones muy importantes”, se jacta Vergez en su libro Yo fui Vargas – El antiterrorismo por dentro, publicado a mediados de la década de los 90. Desde que está acusado en causas de lesa humanidad niega su autoría, pero el texto fue incluido entre las pruebas documentales del juicio, previa certificación de la propiedad intelectual.
Allí Vergez narra otra “importante operación”, denominada “Moncholos” (expresión despectiva para referirse a los militantes montoneros), que también revela el aval de la intervención federal, ejercida en ese período por el brigadier Raúl Lacabanne y el dirigente peronista ortodoxo Raúl Bercovich Rodríguez, a la represión clandestina: “En plena democracia, el apoyo oficial de la Gobernación no obstaculizó, en ningún aspecto, el proyecto. Apenas celebrados los festejos de Reyes, el 7 y 8 de enero ejecutamos la fulmínea operación. Mediante allanamientos cronométricamente calculados en su secuencia, en 48 horas detuvimos a 48 delincuentes terroristas, prácticamente, como promedio, un subversivo montonero por hora”.
La “noche de los moncholos” fue la apoteosis represiva de ese período. Una veintena de esos secuestrados, la mayoría con militancia pública, fueron vistos en La Ribera y hoy integran la nómina de víctimas de la megacausa: Ana María Testa de Alonso y Severino Alonso (peronismo revolucionario), Humberto Annone (Juventud Universitaria Peronista y Juventud Trabajadora Peronista), Ángel Santiago Baudracco (militante cristiano tercermundista y delegado del gremio de Municipales), Héctor Guillermo Oberlin (militante barrial tercermundista), Juan Alberto Caffaratti (Partido Comunista y Sindicato de Luz y Fuerza), Manuel Enrique Cohn (Montoneros), Dina Sylvia Ferrari de Suárez (Montoneros), Luis Alberto López Mora (militante de la Lista Marrón por el SMATA en Fiat), José Eudoro del Pilar López (Montoneros y Sindicato de Empleados Públicos), Martha Irene Martínez de Martini (militante barrial), Lidio Antonio Míguez (PRT-ERP), Rubén Hugo Motta (JUP), Osvaldo Raúl Ravasi (cristianismo tercermundista), Carlos Guillermo Roth Sanmartino (Montoneros), María del Carmen Sosa de Piotti (Montoneros), Silvia Graciela Suárez Forne de Martínez y Osvaldo Ramón Suárez Forne (Montoneros), Gloria Isabel y Norma Elinor Waquim Hilal (JUP) y Ricardo José Zucaría Hit (Montoneros).
Los nombrados y los demás secuestrados en esa operación permanecen desaparecidos. Durante la audiencia oral, el testimonio de Miguel Martínez –esposo de Silvia Suárez, secuestrada el 10 de enero– incluyó una revelación sobre el destino de estas víctimas: en vísperas del 24 de marzo del 76, Martínez se encontró con el cura Carlos Fugante, a quien conocía por su militancia en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y su adhesión a la izquierda peronista. El sacerdote estaba refugiado en un convento bonaerense, donde un capellán cordobés le contó que tiempo atrás había sido convocado por el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército al campo La Ochoa. Allí había “no menos de cuarenta personas”, a quienes debía ofrecerles el sacramento de la confesión. “Les dijo si alguno quería confesarse y tres se confesaron. Y ahí, frente a él, los fusilaron”, recordó.
En la cuenta regresiva del golpe de Estado, la lista de víctimas del CLA se engrosó con Eduardo Agustín Duclos y Alicia Noemí Sciutto de Duclos (Juventud Peronista y Montoneros), Mirta Susana Ricciardi de Cafani y Humberto Miguel Cafani (Montoneros), Pedro Ventura Flores y Adolfo Ricardo Luján (sindicato de Perkins), Alfredo Guillermo Barbano (sindicalista bancario), Navor Gómez (bancario y militante montonero), Marcelo Rodolfo Tello (sindicato del caucho) y Pedro Cipriano Finger (delegado del SMATA y militante de la Organización Comunista Poder Obrero).
El 10 de marzo del 76 “una horda de sujetos con armas de todo tipo” asaltó la casa de Villa Warcalde del abogado y político Miguel Hugo Vaca Narvaja. Bajo amenazas y luego de saquear los objetos de valor, se lo llevaron, en presencia de su esposa Susana Yofre y su hijo menor. En el juicio, Gonzalo Vaca Narvaja narró que presentaron un habeas corpus y recurrieron en vano al cardenal Raúl Primatesta, al dirigente radical Eduardo César Angeloz y al ex presidente Arturo Frondizi, quien les sugirió “buscar una embajada para refugiarse en otro país”.
Al regresar en 1985 del exilio en Mexico, la familia Vaca Narvaja se enteró del hallazgo de los hermanos Carlos y Hugo Albrieu, en abril del 76: “Mientras caminaban frente a las vías en la calle Liniers, se dan con una bolsa de polietileno, de la cual emerge una cabeza humana. Llaman a la Comisaría 7ª, peritan, toman fotografías, se llevan la cabeza y nunca los llaman a declarar”. Tiempo después, al gestionar un certificado de domicilio, un policía les dijo: “Ah, la (casa) de la cabeza”. “¿De quién era la cabeza?”, preguntaron. “De Vaca Narvaja”, fue la respuesta. “No hay una palabra para determinar en qué categoría poner a estos tipos”, manifestó el testigo.
Durante la inspección al actual espacio de la memoria vecino al cementerio de San Vicente, su director Mario Paredes les explicó a los jueces que entre el 10 de diciembre de 1975 y el 24 de marzo de 1976 Campo de la Ribera “funcionó como centro clandestino de detención y exterminio. Ese es su período más oscuro, porque prácticamente no hay sobrevivientes. Después del golpe de Estado, La Perla empezó a cumplir esa función y éste pasó a ser un centro derivador de prisioneros, hacia la cárcel o hacia La Perla”.
Fotografías de Campo de la Ribera, tomadas durante la visita que realizó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNADep) del año 1984, cuando funcionaba como Prisión Militar.
Recortes de Diarios La Razon y La Voz del Interior
Esta nota es parte de la Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba, realizada por Alexis Oliva con el aporte de las Áreas de Comunicación de los Espacios de Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla y Campo de la Ribera).
