El juicio también puso al descubierto el rol de las grandes empresas automotrices de Córdoba, quienes según los testimonios y la documentación presentada ejercieron una complicidad activa, aportando a los represores información sobre sus trabajadores a fin de eliminar la actividad sindical.
Los entregadores de Perkins
Los retratos de los siete trabajadores de la fábrica Perkins víctimas del terrorismo de Estado colgaban de los pechos de sus antiguos compañeros de trabajo: Pedro Ventura Flores Zárate y Adolfo Ricardo Luján, secuestrados y desaparecidos el 9 de marzo del 76; Víctor Hugo González Lemos, desaparecido el 29 de marzo del 76, José Antonio Apontes y Hugo Alberto García, desaparecidos el 18 de mayo del 76; Guillermo Abel Pucheta, secuestrado y asesinado en mayo del 76, y César Jerónimo Córdoba, asesinado por el ejército en la masacre de “El Castillo” de Villa Cabrera, el 9 de marzo de 1977.
En esa audiencia del 15 de octubre de 2013, el testigo Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos al momento del golpe de Estado, relató que ante la desaparición de sus compañeros Apontes y García, los trabajadores de la fábrica Perkins se atrevieron a hacer una huelga de dos días. Esa medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el Tribunal. “No se descarta la posibilidad que Apontes y García, por haber sido integrantes de la Mesa de Gremios en Lucha que apoya a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas”, señalaba el documento, al que Villa atribuyó como fuente el propio directorio de la firma.
“Después, la empresa hacía ir dos veces al día al Ejército a la fábrica. Hacían una lista y sacaban a cuatro o cinco compañeros, los hacían dormir en (el campo de concentración de) La Ribera. No les pegaban y los soltaban a los dos días, pero eso los amedrentaba”, denunció Villa. Además, un funcionario de la fábrica “hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: ‘Mire que el Tercer Cuerpo ha preguntado por su marido. Trate de decirle que no participe en reuniones’. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las fuerzas armadas de algún lado y ellos tenían vía directa con el Tercer Cuerpo de Ejército Eso es absoluta complicidad de la empresa con la represión”, manifestó.
Ante esta denuncia, el TOF Nº 1 resolvió –a instancias del fiscal Facundo Trotta– que se corra vista a la Fiscalía de Instrucción para que investigue la actuación de la empresa Perkins en los años del terrorismo de Estado.
Las listas de Renault
Los abogados querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares sumarían otra revelación sobre la participación empresaria en la represión, al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa IKA-Renault habría entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares.
En respuesta a una nota del mismísimo Luciano Benjamín Menéndez, exigiendo a la empresa que “en el término de 72 horas” provea esa información por “requerimientos de seguridad”, la IKA-Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que en algunos casos los obreros “no actualizaron” su domicilio o “no asistieron” ese día al trabajo. Así, la “prolijidad” burocrática de la multinacional automotriz generó esta valiosa evidencia.
Ante el planteo de que se solicite esta documentación con el fin de “investigar esta práctica sistemática” y la “línea directa entre las fábricas y el Tercer Cuerpo”, para proveerle información que “se usaba para inteligencia, secuestros o extorsiones posteriores”, el fiscal Trotta manifestó su adhesión a los argumentos “más que contundentes” de la querella.
A pedido de los querellantes, el tribunal solicitó al archivo del Colegio de Escribanos las actas notariales sobre la cesión de las listas del personal de la empresa IKA-Renault al Tercer Cuerpo de Ejército, donde figuran con sus respectivos domicilios Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca –el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976–. Todos están desaparecidos y registrados como víctimas en las distintas causas que componen este juicio.
Los álbumes de Fiat
El testigo Jorge Luis Argañaraz , ex militante montonero y trabajador sindicalizado de Fiat-Materfer, reveló que los directivos de la multinacional tuvieron un “papel determinante” en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales.
El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado al campo de concentración de La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de dos días, “vinieron con álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros”. “La empresa se los había provisto”, porque “cuando ingresábamos a la empresa nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla”, explicó el testigo. La revelación también motivó que el Fiscal solicitara al Tribunal que se inicie una investigación, aún pendiente.
Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe de Estado del ‘76 habían ingresado a la fábrica agentes de Inteligencia del Ejército que “trabajaban abiertamente con la empresa”. En medio de su relato, se emocionó al recordar a sus compañeros que fueron víctimas de la dictadura, entre ellos Néstor Lellín, “extraído por la patota de adentro de la misma planta” el 6 de septiembre del ‘76. Al recomponerse, aseguró: “Fueron 32 o 33 compañeros de la Fiat desaparecidos en Córdoba; y yo tengo 27 nombres. Pero no sólo la Fiat tuvo un papel determinante. Hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados”.
Represión en Frigorífico Mediterráneo
Nueve trabajadores de la empresa Frigorífico Mediterráneo fueron secuestrados y desaparecidos entre marzo y agosto de 1976. Desde principios de la década, las víctimas habían protagonizado una lucha por mejoras salariales, condiciones de trabajo y democracia sindical, que derivó en la conformación de una comisión gremial interna.
A mediados de 1975, en el contexto de la escalada represiva en la provincia, la conducción del Sindicato de la Carne desconoció la representatividad de la comisión gremial interna y varios de sus integrantes fueron cesanteados por la patronal.
Al producirse el golpe de estado del 24 de marzo, el Ejército desplegó tanques y tropas en el predio del frigorífico en la zona de Pajas Blancas. Rosario Aredes fue secuestrado el 26 de marzo, Daniel Horacio Sammartín, Mario Roberto Graieb, Aldo Jesús Camaño y Daniel Hugo Carignano el 29; Gustavo Correa el 24 de mayo; Eduardo José Bicocca el 26; y Hugo Alberto Junco y José Antonio Andrada el 4 de agosto. Todos fueron apresados en los domicilios que figuraban en sus legajos laborales.
La noche en que un comando armado se lo llevó de su casa de barrio Las Flores, Carignano estaba con su esposa María del Carmen Torres, embarazada de siete meses, y su hijo Sebastián. Al testificar en el juicio, María del Carmen relató que ambos militaban en el frente sindical del PRT, y denunció que la conducción burocrática del sindicato, en acuerdo con la empresa, “creó las condiciones para que los obreros fueran despedidos” y quedaran expuestos a la represión dictatorial.
Carignano, Graieb, Camaño, Sanmartín y Aredes fueron vistos en La Perla por varios de los sobrevivientes testigos de la megacausa. Luego de escuchar el testimonio de Torres, la fiscalía solicitó que se investigue la responsabilidad de la empresa y el sindicato en el caso.
Imagen: Detalle de documento - Fondo documental Archivo Provincial de la Memoria.
Esta nota es parte de la Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba, realizada por Alexis Oliva con el aporte de las Áreas de Comunicación de los Espacios de Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla y Campo de la Ribera).
