Como en todos los juicios de lesa humanidad celebrados en Córdoba, durante el prolongado debate de la megacausa el ejercicio del derecho a la defensa ha sido garantizado por el tribunal, lo que incluyó la posibilidad de los acusados de hacer uso de la palabra cada vez que quisieron. Así, Menéndez, Vergez, Barreiro, Acosta y compañía hicieron un amplio uso de este derecho, que por momentos se convirtió en abuso al extenderse en amplias justificaciones ideológicas o intentar culpar a las víctimas. No obstante, en algunas ocasiones sus intervenciones fueron reveladoras.
–Señor Barreiro, sin que su respuesta lo autoincrimine, puede contestar o no. ¿Qué pasó con ellos (los prisioneros que eran “trasladados” del campo de concentración de La Perla)? -inquirió el abogado querellante Miguel Ceballos.
–Usted me está preguntando algo que supongo que es de buena fe... Yo cumplía órdenes y no me escudo detrás de eso. Pero podía suponer qué les pasaba. Ese es un tema de cada uno, no hace a mis responsabilidades.
–¿Y qué les pasó?
–Mire, supongo que no están... Yo suponía que iban a desaparecer.
La revelación fue parte de una de las extensas declaraciones del ex mayor del Ejército durante el juicio.
Ante una pregunta de Claudio Orosz, querellante por Familiares e H.I.J.O.S., sobre cuáles eran los “métodos no ortodoxos” de interrogatorios a los que el imputado se había referido, Barreiro contestó: “Hay personas que dicen que fueron torturadas por haber permanecido atadas y vendadas en un calabozo sin poder hablar con nadie. ¿Eso es tortura? ¿Una bofetada es tortura? ¿Un plantón es tortura? Bien, entonces todo es tortura”.
A su vez, Héctor Vergez admitió que desde octubre de 1975 hasta el 24 de marzo del 76 estuvo “a cargo” del Campo de La Ribera, y que allí vio a los militantes del PRT Marta Susana Ledesma y Sergio Comba. Por su asesinato y el de otros 16 cautivos incriminó al comandante mayor retirado de Gendarmería Omar Rey: “Él adujo que había sido atacada La Ribera por miembros de las organizaciones terroristas, y por eso había matado a los presos, para que no lograran escaparse o fueran rescatados”.
También reconoció haber trabajado “en inteligencia” en el campo de La Perla, entre marzo y fines de julio de 1976, aunque negó que allí se hubiera torturado y asesinado a prisioneros políticos. En un pasaje de su declaración, reveló que había “empresarios que cuando algún delegado le molestaba pasaban el ‘chimento’ de que eran de las organizaciones guerrilleras, para sacárselos de encima. Esos señores, como el señor Blaquier (Carlos Pedro, propietario del ingenio Ledesma en Jujuy), que es absolutamente culpable y está en libertad”. Al preguntarle el fiscal si en Córdoba hubo algún caso similar, Vergez indicó que los entonces dueños de la firma de gaseosas Pritty le “confesaron que ellos habían entregado obreros” a la represión.
Por su parte, el ex capitán Jorge Exequiel Acosta intentó deslegitimar a los ex prisioneros que atestiguaron en el juicio. “Han salido en operativos con nosotros”, afirmó en referencia a los llamados “lancheos”, cuando los cautivos eran sacados del campo de concentración y obligados a señalar a sus compañeros de militancia. “Geuna dice que me gustaba matar. No sé de dónde saca eso. Si es así, acá hemos visto pasar a mucha gente que estuvo en La Perla, lo que quiere decir que me privé de matar a unos cuantos”, declaró quien a mediados del 76 suplantó a Vergez en la jefatura del campo de concentración.
Respecto al destino de las víctimas, Acosta fue menos explícito que su camarada Barreiro: “Los traslados eran realizados por gente asignada, vestidos de verde. ¿Qué pasó con los trasladados? No sabemos qué pasó. Venía la lista y los entregábamos”.
Sobre el final del juicio, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército sólo rechazó las acusaciones sobre robos de niños y por el copamiento de la empresa MacKentor y dedicó la mayor parte de su discurso a reivindicar la “lucha contra la subversión”. “Vencimos militarmente, pero como la guerra es un hecho político es preciso consolidar la victoria políticamente. Eso es lo que quedó por hacer, porque la subversión marxista no ha abandonado su intento de volver al poder”, manifestó Menéndez.
A su turno, el ex mayor Barreiro asumió ser “responsable de todas las órdenes que he impartido a mis subordinados recibidas oportunamente”, aunque rechazó el concepto de terrorismo de Estado. Por último, desafió: “Estoy seguro de que tarde o temprano nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Entonces por fin las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas para siempre”.
Fotografía: Irma Montiel, Telam
Esta nota es parte de la Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba, realizada por Alexis Oliva con el aporte de las Áreas de Comunicación de los Espacios de Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla y Campo de la Ribera).