En la madrugada del 25 de abril de 1977, las tropas de la Brigada Aerotransportada IV tomaron por asalto diez propiedades de la empresa MacKentor en Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan: oficinas administrativas, talleres, depósitos, alrededor de diez mil hectáreas de campos y los predios de las fábricas de caños de alta presión en el barrio cordobés de Las Flores, de hormigón centrifugado (Horcen) en el parque industrial de Ferreyra, y la productora de refrescos Menor Sacif y Edisa SA.
Mientras tanto, veinte directivos y empleados eran secuestrados y recluidos en centros clandestinos de detención del Tercer Cuerpo de Ejército. Hermenegildo Bruno Paván, accionista y directivo de MacKentor, fue apresado en Monte Quemado, Santiago del Estero, y trasladado a Campo de la Ribera. Otro directivo, Alejandro Enzo Manassero, fue detenido con su esposa Leila Norma Rapuzzi y su hijo Edgardo en Buenos Aires. Días después, padre e hijo fueron subidos a un avión con destino a Córdoba y también fueron a parar a La Ribera. Lo mismo ocurrió con José Miguel Coggiola, supervisor de maquinaria del grupo. Natalio Kejner, director y principal accionista, ya estaba exiliado en Venezuela pero su hermana Marta fue capturada. A pesar de las torturas, no aceptó ser canjeada por su hermano y fue encarcelada en la prisión de mujeres del Buen Pastor, hasta que el 8 de agosto la liberaron y partió al exilio.
Durante el juicio, Manassero padre contó que le hicieron el “submarino” y simulacros de fusilamiento; en el extremo de su desesperación, llegó a pedir que lo mataran. A su turno, Coggiola narró que lo sometieron a sesiones de picana en La Ribera y La Perla. Pero ninguno aceptó firmar la confesión de que MacKentor era un “sostén económico de la subversión”. Ese era el pretexto –nunca acreditado– que el Ejército invocó para copar el grupo que desde 1973 había roto el monopolio de las concesiones de obras públicas que ostentaba la firma Supercemento. Entre ellas, la licitación de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para un acueducto entre Villa María y San Francisco, de 164 kilómetros de extensión y un presupuesto cercano a los ocho millones de dólares. En esos tiempos, Kejner había renunciado a la Cámara Argentina de la Construcción, a la que consideraba un “club de la obra pública”, y proponía una distribución de acciones semi cooperativista.
Al día siguiente del megaoperativo, el Banco Central bloqueó los fondos de MacKentor y dos días después el general Arturo Gumersindo Centeno, jefe de la Brigada Aerotransportada IV, se presentó en el Juzgado Federal Nº 1. Ante su titular, Adolfo Zamboni Ledesma, informó la existencia de una “investigación militar” sobre el presunto vínculo de las empresas del grupo MacKentor con la guerrilla y solicitó su “urgente intervención judicial” a fin de adjudicar al Ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”. Zamboni Ledesma dio respuesta favorable al pedido y designó al coronel retirado Rodolfo Battistela como interventor.
Mientras tanto, los directivos prisioneros -Paván, Enzo Manassero, Marta Kejner, Ángel Sargiotto, Ramón Ramis y Carlos Zambón- fueron sometidos a consejos de guerra y de a poco iban siendo trasladados de los centros clandestinos a la cárcel de barrio San Martín. Las condenas, basadas en la acusación del supuesto financiamiento de la guerrilla, fueron anuladas en 1980 por el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia, lo que determinó la liberación de los que seguían detenidos y la devolución de la empresa a los Kejner.
Es decir, lo que quedaba de ella. Cuando Natalio Kejner regresó al país a fines de 1984 se encontró con su patrimonio saqueado y la firma desprestigiada, imposibilitada de competir en el mercado y participar en licitaciones.
Con el retorno democrático, los Kejner intentaron recuperar lo perdido. En 1985 entablaron una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado nacional, rechazada por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano con el fundamento de que los delitos estaban prescriptos. En el contexto de esa causa, a instancias los fiscales Graciela López de Filoñuk y Luis Rueda –que actuaron en defensa del Estado– la jueza impuso las costas del proceso a los demandantes. La imposibilidad de Kejner de pagar los 2,3 millones de dólares en honorarios de una veintena de funcionarios judiciales y abogados particulares que intervinieron en la causa, derivó en un concurso de acreedores y en la quiebra decretada en 1999 por la Justicia provincial.
La causa resucitó el 29 de marzo de 2012, cuando la Cámara de Apelaciones de Córdoba revocó el fallo de Garzón de Lascano y los sobreseimientos a Jorge Rafael Videla, Menéndez y una decena de imputados, al considerar que los delitos cometidos durante la intervención a MacKentor eran de “lesa humanidad” y por ende imprescriptibles.
Así el caso MacKentor pudo ser incluido en la megacausa “Menéndez III”, donde luego de escuchar con inusual atención la palabra de las víctimas, Menéndez ejerció su derecho a réplica para hacer algo más que defenderse: “Como comandante de cuerpo, supe que esta empresa tenía contacto con la subversión, que trabajaba con dinero de la subversión, y que devolvía dividendos a la subversión. En ese sentido envié a detenerlos. Y los entregamos a la Justicia. Ni los retuve más tiempo del imprescindible. La Justicia anduvo por sus numerosos vericuetos durante largo tiempo, sin que yo participara nunca más en ninguno de los episodios que los afectaban. (…) Los únicos que estamos involucrados somos los militares o no militares, que detuvimos a las personas acusadas de ayudar a la subversión. Y no hay nadie más involucrado. Es sorprendente, ordenó la intervención el juez... y decidieron su quiebra. Todo eso sin que ninguno de nosotros participáramos. (…) Esto involucra a los jueces, a los interventores, a los que hicieron la quiebra… y etcétera”.
La declaración de Menéndez se sumó a numerosas pruebas invocadas por el abogado querellante Juan Carlos Vega para afirmar durante su alegato que el caso MacKentor “es la prueba flagrante” de que en el país hubo una dictadura cívico militar, que facilitó a sectores empresarios beneficiarse con la apropiación ilegal de esa firma.
El empresario Natalio Kejner murió en México el 29 de diciembre de 2014, tres meses después de declarar en el juicio. En MacKentor “todos eran accionistas, mis empleados y mi personal directivo; por eso nos trataron de subversivos”, explicó entonces. “Son 37 años de injusticia, una cosa era la justicia de mentira de Menéndez, pero lo más injusto fue en la democracia. La quiebra se declaró en los 90, me embargaron todo. La democracia argentina llevó a la quiebra de la empresa”, reprochó Kejner.
Esta nota es parte de la Crónica del juicio al terrorismo de Estado en Córdoba, realizada por Alexis Oliva con el aporte de las Áreas de Comunicación de los Espacios de Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla y Campo de la Ribera).
