Magistrados y funcionarios: obediencia debida y algo más

El juicio puso al descubierto el rol funcional al terrorismo de Estado del Poder Judicial y las adhesiones personales a la ideología y el plan dictatorial. En varios casos, el aporte de los testimonios y la documentación demostró que tanto miembros de la Justicia Federal como funcionarios de distintas áreas del Estado pusieron “algo más” que una obediencia infundida por el temor.

Durante las audiencias de la megacausa han sido mencionados centenares de recursos de habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos, a los que la Justicia Federal de Córdoba se limitó a dar un trámite formal, que finalizaba con la respuesta negativa de las fuerzas de seguridad al pedido del paradero.

Pero las revelaciones más sorprendentes pusieron en evidencia el rol encubridor ejercido por miembros del Poder Judicial después de la vuelta a la democracia, al presionar a los sobrevivientes para que no denuncien las atrocidades sufridas y presenciadas en los centros clandestinos de detención. 
La siguiente es una síntesis de lo manifestado por varios testigos sobre el accionar del Poder Judicial:

Patricia Astelarra afirmó que, tras el retorno a la democracia, la Justicia Federal “convalidaba” las acusaciones de los tribunales militares y actuaba en “connivencia” con los represores para “escrachar y desprestigiar a sobrevivientes, de manera de anular sus testimonios”. Al juicio contra ella y su esposo, Gustavo Contepomi, “lo motorizó el actual juez de Cámara, el doctor Luis Rueda (entonces secretario del juez Gustavo Becerra Ferrer), sabiendo de qué se trataba”.

Gustavo Contepomi: “Pagamos un precio altísimo por culpa de funcionarios judiciales corruptos, que pusieron todo su esfuerzo en evitar que denunciáramos. El fiscal (Antonio) Cornejo, el juez Becerra Ferrer y el secretario Rueda, a partir de pruebas ilegítimas, me procesaron. Filtraron mis declaraciones y de otros testigos al Departamento de Inteligencia 141. Tergiversaron nuestras declaraciones. Violaron mi derecho a defensa, citándome a declarar sin abogado. Me presionaron para que no eligiera a un abogado. En una oficina contigua se reunían con los represores”.

Nidia Teresita Piazza narró que estando prisionera fue internada por complicaciones en su embarazo en el Hospital Militar, donde se le presentó el mismísimo Menéndez para recomendarle que se “portara bien”, porque si no iba a “volver a La Perla”. Al relatar esto a Rueda en 1984 –todavía presa y sin el acompañamiento de sus abogados–, el entonces Secretario del Juzgado Federal Nº2 le dijo: “Señora, esto complica las cosas”, y le sugirió que omitiera esa referencia porque “complicaba” su salida en libertad.

Andrés Remondegui: “En el 84, el juez Becerra Ferrer nos decía: ‘Cuidado con lo que declaran, porque esto va a terminar en un consejo de guerra’. Era tan manifiesto que lo que decíamos les llegaba inmediatamente (a sus ex victimarios), que en una citación no concurrimos. Becerra Ferrer nos mandó llamar con la Policía y nos dijo: ‘Nunca más se nieguen al llamado de la Justicia’. Y, con el susto que teníamos, yo le dije: ‘Lo que pasa es que declaramos a la mañana y a la noche nos llaman diciéndonos todo lo que decimos’”.

José Julián Solanille, arriero en los campos aledaños a La Perla, declaró que en marzo del 84 ofició como guía en un reconocimiento realizado en el ex campo de concentración. Al señalar donde había enterrado unos restos humanos encontrados por su perra, el juez y su secretario se rehusaron a buscar en ese lugar. “Rueda no decía nada y el doctor Becerra me dijo así: ‘No, dejate de joder, demasiado con lo que has hecho. Dejalo ahí’”, recordó.

Cecilio Salguero denunció que en 1978 fue torturado en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía y luego llevado al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Miguel Ángel Puga, donde le leyeron su confesión. “Tenía tres policías a mi espalda, amenazándome de muerte si negaba esta declaración falsa”, relató Salguero, quien terminó suscribiendo el acta cuando “apareció Luis Rueda (escribiente en ese juzgado) para obligarme a firmar”.

Una de las acusaciones más graves la formuló la ex militante de la JUP Mabel Lía Tejerina, quien estuvo cautiva en La Perla entre diciembre de 1976 y mediados de 1978.
A principios de 1985, Tejerina recibió una visita que le demostró que la “libertad vigilada” subsistía aun finalizada la dictadura: “Me había olvidado de todo, y vinieron a mi domicilio, la gente de La Perla. Recuerdo a (José Arnoldo) López. Dejé a mis nenas en la habitación, porque no quería que las vieran. Como yo era la única que había quedado en Córdoba y los demás sobrevivientes estaban fuera del país, querían que firmara un testimonio. El relato decía que en La Perla me habían tratado bien, que yo no tenía conocimiento de torturas y otras cosas. Tenía que ir a tribunales militares y federales hacer esa firma, si quería seguir criando bien y educando a mis hijos. Era una amenaza”.

La testigo narró que primero concurrió al tribunal castrense -que por entonces instruía las causas contra los militares- y luego a la Justicia Federal. “Y acá me hacen firmar ese mismo testimonio. El secretario que me hace firmar era Rueda. Recuerdo que había alguien más al lado de él, alguien de La Perla. El lugar era oscuro, no era una oficina. Pedí una copia y me dijeron que más adelante me la iban a hacer llegar. Firmé eso y me fui a mi casa”, reveló Tejerina.
-¿Qué decía la declaración? –preguntó el fiscal Facundo Trotta.
-Que todo lo que había vivido en La Perla era perfecto. Ahí estaban los nombres de los chicos secuestrados. Querían darle un tinte como que ellos me habían secuestrado y yo no podía salir de la organización. Era una cosa toda armada.

En ese instante, el querellante Claudio Orosz señaló que esa declaración formó parte de una causa penal contra Contepomi por “asociación ilícita”, que “fabricaron el juez (Gustavo) Becerra Ferrer y su secretario Rueda, en su afán de cumplir con sus amos militares, sin tener en cuenta que tomaron testimonios de personas que habían estado prisioneras sin estar a disposición de la Justicia Federal o el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual estaban reconociendo el delito”.

Acto seguido, Orosz solicitó al Tribunal que envíe “lo antes posible” una copia de la declaración de Tejerina “tanto al Consejo de la Magistratura como al Juzgado Federal Nº 3, donde hay una serie de denuncias sobre el accionar del doctor Rueda en supuesta complicidad con el terrorismo de Estado”. Ante el pedido, que ya habían formulado ante las primeras denuncias la fiscalía y las querellas, el TOF Nº 1 resolvió darle curso positivo.

Consultado al respecto, el juez Rueda manifestó: “A mí me extraña muchísimo de algún sector que insiste en vincularme. ¿Cuál es el pecado que yo habría cometido? Que fui un joven secretario en el último momento de la dictadura militar. Pero hay que probar que yo tuve algo que ver con alguna de estas cuestiones. Era muy difícil trabajar en aquel momento, pero yo fui el primero en imputar a Menéndez en 1984. Creo que les debe molestar no poder probar nada, y desconocen una trayectoria de la cual me siento más que orgulloso”.

Ante cada una de estas acusaciones, el propio Rueda se presentó ante la fiscal de instrucción Graciela López de Filoñuk para solicitar que se investigue su actuación. La fiscal y el juez Alejandro Sánchez Freytes –por entonces a cargo del Juzgado Federal Nº 3 (JF Nº 3)– desestimaron que hubiera cometido algún delito. En mayo de 2015, en una audiencia por la “causa de los magistrados” en la Cámara de Apelaciones, los jueces Liliana Navarro, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi anularon lo resuelto por López de Filoñuk y Sánchez Freytes y ordenaron al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja –actual titular del JF Nº 3– que profundice la investigación. A su vez, el juez Rueda cuestionó ese fallo en la Cámara Federal de Casación Penal.