Mesías de Genocidas.
Por Guillermo Posada *
Abogado defensor del capitán Jorge Acosta en el histórico juicio que se lleva a delante contra Menéndez y cia., Jorge Agüero intenta doblegar psicológicamente a los testigos. La catadura de un personaje que se autodenominó “mesías” durante la última campaña electoral, estuvo preso en la cárcel de San Martín por dispararle a una ex empleada suya y fue denunciado por defraudación en una cooperativa de vivienda. Defender a un genocida no es trabajo para cualquiera. “¿Usted entregó gente?”, le pregunto el abogado Jorge Agüero al sobrerviviente de La Perla Piero Di Monte, durante la audiencia llevada a cabo el jueves 5 de junio, en la sala donde se realiza el juicio al ex mandamás del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, y a siete represores más, por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Federal reprendió al abogado, antes que Di Monte señalara que el tono de la pregunta le recordaba a los interrogatorios que sufrió mientras era torturado tras su secuestro. “Usted me quiere destrozar”, clamó el testigo ante el murmullo del público presente en la sala. Inmutable a la dureza de los testimonios vertidos en los primeros días del juicio –que han llevado incluso a llenarse de lágrimas a la defensora oficial Mercedes Crespi–, Agüero se ha dedicado de lleno a aplicar la táctica de desquiciar a los testigos “de la misma forma que durante la investigación de los hechos. En la etapa de instrucción intentó por todos los medios embarrar la cancha, para que la fiscal Graciela López y la jueza Cristina Garzón de Lascano debieran apartarse de la causa. Es su metodología”, señalaron a Veintitrés fuentes que viven de cerca el proceso de juzgamiento de los genocidas. Si Di Monte no fue el primer testigo que acusó al defensor de Jorge Acosta, siniestro jefe de los operativos callejeros de La Perla entre los años 1976 y 1977 y hombre por cuyas manos habrían pasado la mayoría de los detenidos –que terminaron siendo vejados y asesinados en la guarnición ubicada camino a Villa Carlos Paz–, la estrategia de Agüero caerá en saco roto ante la contundencia de los testimonios que desfilan en los Tribunales Federales por estos días. Pero no deja de resultar escabroso que el abogado tenga una estrategia concurrente con lo que ha sucedido en otros procesos a genocidas que se han producido en el país: depositar la mayor presión posible sobre los testigos para que nadie se atreva a contar lo sucedido en los campos de concentración de la dictadura. El caso Jorge Julio López llevó al extremo una estrategia que el Estado resolvió anular, creando cuerpos policiales especiales para la protección de los testigos. El abogado querellante Claudio Orosz señaló durante aquella jornada del 5 de junio que las acciones del abogado de Acosta se enmarcan en un fascículo secuestrado por la justicia en la casa de Luís Manzanelli, otro de los acusados, donde se alecciona a los represores sobre la forma en que deben actuar ante un juicio como el que actualmente se sigue en Córdoba. El caso de Agüero no sería más que uno de los últimos estertores del agónico intento que han tenido los sectores adherentes a la dictadura, desde 1983, para evitar que se sepa la verdad sobre lo acontecido en Córdoba y en el resto del país, y se haga justicia. En particular, Agüero cuenta, además, con antecedentes de los más variopintos, que van desde una condena por tentativa de homicidio a denuncias por defraudación en una cooperativa de vivienda y, más recientemente, una candidatura a diputado de la provincia, bajo el autodenominado mote de “mesías”, proponiendo la libre portación de armas y la formación de grupos de autodefensa al estilo colombiano, sin olvidar el plan de independencia de Córdoba del resto del país. Este siniestro personaje merece más de un párrafo porque sirve para ubicar al lector sobre el tipo de defensores que prefieren los acusados de delitos de lesa humanidad en Córdoba. Si bien algunas voces señalan que la estrategia jurídica de fondo de la defensa la diseñan otros estudios de abogados con mayor rigor intelectual, Agüero es la cara de la defensa en un juicio que, sin dudas, marca un punto de inflexión en la vida de la provincia.
Sin licencia para matar El 20 de mayo de 1994 el abogado Jorge Agüero fue condenado a cuatro años de cárcel por ser responsable de homicidio en grado de tentativa y abuso de arma. En la sentencia de la Cámara 7ª de Crimen, a la que tuve acceso en exclusiva, se estableció que Agüero disparó desde corta distancia a su ex secretaria Julia Alejandra Retamar, y a su novio Henry José Corvina, en el bar Las 24 Horas, ubicado en la calle La Rioja 435. Todo sucedió el 22 de septiembre de 1993, a las 18 horas, cuando Retamar y su novio se encontraron con Agüero para devolverle las llaves del estudio jurídico del letrado y, a su vez, para recibir unos papeles personales. Según la sentencia, tras entregar Retamar las llaves, Agüero se negó a darle los papeles en cuestión por lo que se sucedió una discusión, que el abogado decidió terminar a los tiros en el mismo salón del bar. Los jueces dictaminaron que Agüero “de entre sus ropas extrajo un arma tipo pistola marca Lucin calibre 6.35 y, previo retroceder unos pasos, apuntó a Julia Retamar, de manera conciente y voluntaria, con ánimo homicida y le efectuó un disparo que le impactó a ésta en su abdomen. Seguidamente, Agüero disparó contra Corvini cuando el citado pretendía huir del local”. Después de herir al novio, el abogado disparó varias veces más sobre la mujer, ocasionándole graves lesiones, pero no la muerte, dado el bajo calibre de la pistola. Agüero adujo que disparó en defensa propia cuando le novio de su secretaria iba a disparar primero. Pero el tribunal descartó la versión del condenado porque ningún testigo confirmó sus dichos. Por lo contrario, todos los citados en dicha causa señalaron que Cornivi no está armado y que Agüero disparó por motus propio. El reo cumplió condena en la Penitenciaria de barrio San Martín por alrededor de dos años, hasta que un pedido de traslado a una cárcel de Tucumán para completar la condena lo depositó en las generosas manos del entonces gobernador Antonio Bussi. Tres meses después de llegar a tierras tucumanas estaba libre. Un preso que pasó largas horas con Agüero dijo que el abogado “tenía ataques de pánico en la cárcel y tuvimos que salvarlo varias veces de que otros presos no se lo coman crudo o lo violen. El tipo no tenía idea como moverse y todo lo guapo que era en la calle se le pasó cuando entro al pabellón”.
Denuncia por defraudación Otra mancha más al tigre Agüero cayó en la fiscalía del Distrito 1, Turno 4, cuando un grupo de familias que compraron sus casas en un plan cooperativo denunció que la Asociación Mutual de Empleados Estatales Felipe Vallese intentaba despojarlos de sus viviendas ubicadas en barrio Parque La Vega III. El caso involucra al abogado de Jorge Acosta y los damnificados señalan a Agüero como el ejecutor de una maniobra. Según los denunciantes, el letrado habría vendido las casas con las familias dentro, cuando los beneficiarios se encontraban en litigio con la cooperativa por la falta de cumplimiento del plan de urbanización del barrio y, principalmente, porque hubo un embargo masivo de viviendas en el barrio, ya que la cooperativa no cumplió los pagos previstos con los constructores. Las familias damnificadas señalan que Agüero recibió de la cooperativa, tras el conflicto entre las autoridades y los vecinos, un poder especial e irrevocable a los efectos de la gestión de cobranzas de los socios del emprendimiento. Con dicho poder el abogado la emprendió contra las familias en cuestión que debían cuotas del plan de pagos, y que se negaban a pagar ante las versiones de que el ente estaba siendo vaciado por sus autoridades, con Agüero a la cabeza. Según se establece en la denuncia, no solo se “procedió a la venta de terceros de nuestras viviendas sino que se lo hizo por precios irrisorios, inferiores al 20% de su valor real, o por lo menos eso es lo que se expresa en las escrituras”. Actualmente los compradores irregulares les han hecho juicio de desalojo a las familias que se encuentran en una situación de grave inseguridad ya que no saben si les serán respetados sus derechos, como originales adjudicatarios de las casas en cuestión.
La aparición del mesías A principios del año pasado comenzaron a aparecer en las paredes de la ciudad de Córdoba y en afiches callejeros que anunciaban la llegada del mesías. Agüero aseguró en una entrevista a un diario de Buenos Aires que tenía en mente “llevar a mi gente a cruzar el mar Rojo de las desgracias sociales”. Para ello apeló a ideas tan brillantes como abolir la institución de la adopción y promover que las familias tengan más hijos para llevar la población cordobesa a 15 millones de habitantes. Para Agüero los cordobeses podrían detentar una doble ciudadanía donde se conjuguen la del nuevo Estado y la argentina. En cuanto a la seguridad ciudadana, el entonces candidato se esperanzó con que “haya un arma en cada casa de familia para que se puedan defender de los delincuentes que matan por matar y así combatir la inseguridad, aunque –aclaró– que con esto no quiero que la gente salga a matar”. A eso sumó la intensión de brindar un salvoconducto por 15 días para que los narcotraficantes entreguen la droga y sus estructuras. Si los narcos no le hacían caso los condenaría a una pena de 60 años, con penas máximas de 150 años. Ni Matusalén se hubiera salvado. Si en principio logró el apoyo de Carlos Menem para representar al ex presidente en la provincia, los desvaríos electorales de Agüero lo alejaron incluso del riojano. A pesar de sus propuestas, Agüero alcanzó 6892 votos. Ahora, mientras litiga en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados para no peroder la matrícula que le permite continuar ejerciendo, Agüero intenta salvar a su defendido de una más que posible condena y aguarda los juicios por venir, donde otros represores esperan su ayuda.
El manual de Manzanelli En una resolución dictada por la jueza Garzón de Lascano del 30 de marzo de 2005 se describe las características de un texto hallado en la casa de Luís Manzanelli, con recomendaciones para que los represores puedan defenderse ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. El libelo contiene un muestrario “a modo de repertorio, para lograr coherencia en las declaraciones, de diversos argumentos y explicaciones de descargo evidentemente dirigidas a justificar conductas (…), a replicar acusaciones y negar responsabilidades en los hechos que el personal de Inteligencia del Ejército sabría les serían reprochados, como también pautas estratégicas para la defensa, tales como “tratar de decir lo menos posible”, emplear el NO ME ACUERDO..., NO ME CONSTA...”, señaló la resolución de la jueza.
A punto de perder la matrícula En octubre del año pasado, el portal informativo www.prensared.com.ar informó que “la Cámara 4ª en lo Civil y Comercial no hizo lugar a la apelación planteada por Jorge Alberto Agüero en contra de la resolución dictada por la jueza en lo Civil y Comercial de 16° Nominación, María Victoria Tagle, que había ordenado que pasaran las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados”. La justicia había hecho lugar al pedido efectuado por Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado del columnista de este Diario Mariano Saravia. En su momento José Hugo Herrera, imputado y procesado por graves violaciones a derechos humanos, con motivo de la desaparición y muerte de Diego Raúl Hunziker, inició, con su abogado defensor Agüero, una demanda por daños y perjuicios, en contra de Saravia y el editor de su libro “La Sombra Azul”. Agüero fundó la demanda sosteniendo que se agraviaba de las menciones que se hicieron de Herrera, en el libro de investigación periodística realizado por Saravia. Ese libro narra la actuación del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba, durante la dictadura militar, Rodríguez Villafañe compareció en la causa en defensa de Mariano Saravia y de la editorial y, en defensa de la libertad de expresión, respondió los planteos de Agüero y sostuvo, además, respecto de las afirmaciones realizadas por la parte accionante, que no se las podía aceptar, ya que implicaban, “un verdadero abuso del derecho de defensa, que el letrado Jorge Alberto Agüero impute al Tribunal y a funcionarios del mismo, actitudes que no se corresponden con la realidad, y se injurie, calumnie y amenace penalmente, sin asidero alguno”. La Jueza Dra. María Victoria Tagle se decidió pasar las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, para que se analice la situación y se apliquen las sanciones que correspondieren a Jorge Agüero. El Tribunal disciplinario de los abogados puede hasta suspender o cancelar la matrícula del profesional cuyo accionar en la causa se reprocha.
Textuales En el programa de televisión ADN, que conduce el periodista Tomás Méndez en canal 10, Jorge Agüero dio una serie de definiciones: • “esto es lo que deben llevar los chicos a la escuela (mostrando una pistola, una granada de plástico y un cuchillo). En la situación de vulnerabilidad que se encuentran los chicos necesitan saber cómo usarlos”. • “primero está la supervivencia (las armas), después la alimentación (un yogur y una manzana) y después el estudio (un cuaderno). Un niñito de 8 años debe llevar esto a la escuela”. • “Estamos preparados para cuando nos ataquen. Somos la secta del mesías”, dijo mientras se mostraba con un chaleco de 30 kilos de peso con el que se entrena cada mañana “para entrar en combate”.
* Periodista. Nota publicada en la revista Ventitrés y cedida por gentileza de su autor para este Diario.
