Sentencia Causa Montiveros

El 12 de marzo de este año, se desarrolló en Tribunales Federales I la última audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en el que se juzgó el accionar de la policía de la Provincia de Córdoba en los comienzos de la última dictadura. En está Causa, denominada “Montiveros, Guillermo Antonio y otros p.ss.aa. Homicidio Agravado con Ensañamiento y Alevosía”, se dictaron cinco perpetuas, penas de 2 a 9 años para cuatro acusados, y ocho absoluciones.

El presidente del tribunal, Julián Falcucci, junto a los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, dieron el veredicto para los 17 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo y julio de 1976 por policías del Comando Radioeléctrico. Las penas máximas fueron para los autores de los homicidios de José María Villegas y José Osatinsky; José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel Olmedo, cercados y masacrados por efectivos policiales.

Este final de juicio por delitos de lesa humanidad, como en los diez anteriores, es para las víctimas y sus familias un acontecimiento de alto voltaje emocional. El abrazo, los aplausos, el llanto contenido, afloran. Las pancartas, bien altas, con la imagen del ser querido, los sostienen. Mientras, se escuchan de fondo los cánticos que fortalecen, que contienen:
¡30000 compañeros y compañeras desaparecidas!
¡Presentes!
¡Ahora y Siempre!
Compartimos los registros de algunas audiencia producidos desde el APM

DATOS DE LA CAUSA 
La causa “MONTIVEROS Guillermo Antonio y otros p.ss.aa. Homicidio Agravados con ensañamiento –alevosía-“ (Ex Soria) comenzó el 6 de noviembre de 2018. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esta Ciudad estuvo conformado por el Dr. Julián Falcucci; Dr. Jaime Díaz Gavier; Dr. Fabián Asís. Se juzgaron los delitos de Imposición de Tormentos Agravados, Homicidio Agravados y Privaciones Ilegítimas de Libertad Agravadas cometidos entre marzo y julio de 1976 por miembros del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, y otras dependencias policiales como el Comando Radioeléctrico. 

Víctimas y Represores

Sentencia Completa

 

 

Causa Montiveros // Cuarta audiencia

Ayer martes 27 de noviembre, se desarrolló en Tribunales Federales I, la cuarta audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en el que se juzga el accionar de la policía de la Provincia de Córdoba en los comienzos de la última dictadura.

Desde las primeras horas del día la lluvia no para, unas palabras escritas hace un tiempo son releías, ofrendadas: “en cada época están las memorias del pasado, las memorias que persisten y que impulsan. Hoy el día está mojado y es como si el pasado lloviera sobre nosotros y nos regara las ramas intrincadas de las memorias que nos habitan; como si nos regara la madera de la que estamos hechos hasta levantarnos, hasta lograr romper el simple cotidiano. Hasta que las lluvias -el sonido, el placer y las dagas de las lluvias- nos muestren que la memoria no es sólo lo que pasó, sino también todo lo que pudo haber pasado. 30000 COMPAÑEROS PRESENTES. AHORA Y SIEMPRE…”

La micropolítica: “Lo imposible solo tarda un poco más”
El 26 de marzo de 1976 en una casa del barrio San Vicente el Estado terrorista asesinaba a Vilma Etel Ortiz, José Luis Nicola y Gustavo Olmedo. Este acontecimiento fue un eslabón en una larga cadena de violencia institucional que había comenzado hacia unos años y que se potenciaría con el golpe de Estado que dos días antes de aquel 26 de marzo derrocara a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. En esa casa también estaba un bebé de 45 días: Santiago Nicola, hijo de José Luis. Santiago se salvó porque su padre o Vilma o Gustavo lo resguardaron de los disparos en un placar del baño. Hoy, 42 años después, Santiago declaró. 
Dar testimonio exige, entre otras cosas, reconocer que estamos involucrados en relaciones de transmisión con el pasado; transmisiones que asumen formas que varían según las posiciones en las que nos encontramos como sujetos en el presente, posiciones que (re)hacemos, que (re)inventamos. Pasado que deseamos dar sentido hoy. Pasado que implica el esfuerzo de reflexionar sobre su historia, “desde muy niño se la verdad, mi abuela recibió un llamado desesperado de mi mamá avisando que habían sitiado la manzana de San Vicente y que ella no podía ir porque la tenían marcada”, arranca Santiago el relato de los hechos, dejando bien en claro que su abuela, su “heroína” que lo rescató dos veces de tener una vida que no era la de él, es quien le transmitió cada paso dado: fue hasta San Vicente, a la D2, a la Casa Cuna donde la monja a cargo se llamaba Monserrat Tribo (sospechosa de participar en la dictadura con el robo de bebés) no quería entregarle al nieto, “quería que venga a buscarme mi mamá, sabiendo que eso era entregarse” . La abuela de Santiago, Irma Ramacciotti, no bajó los brazos, siguió, siguió y a los días pudo recuperar a su nieto. A la semana fue hasta el pasaje Bello de San Vicente y vio los escombros en que una bomba había convertido a la casa de la masacre, habló con los vecinos, volvió a la policía y allí un exalumno de primer grado (Irma era maestra y poeta) el policía Ríos, se conmovió con la historia y la ayudó a tramitar la recuperación del cuerpo de su yerno, al tiempo que le narraba lo sucedido la noche de los asesinatos, “hasta el día de hoy pueden verse los rastros de balas en las paredes”, enfatiza Santiago.
Lo reconstruido por su abuela, se suma a la documental que desde el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba se pudo recuperar en torno a su padre. Lo cual fue de gran valor para reconstruir las formas que adquirió la radicalidad contra los militantes y las organizaciones políticas por parte del aparato represivo del Estado en la década de 1970.
Como dice el Toto Schmucler, en nuestro país cuando hablamos de memoria, de inmediato aparece la idea de la muerte. Y cuando la muerte no es sólo un dato estadístico sino una cicatriz en nuestro propio cuerpo, el distanciamiento resulta imposible. La distancia no se hace posible. Somos lo que somos, porque hemos sido lo que hemos sido, “mi papá era de Santa Fe, de una familia de inmigrantes, trabajadores, desde chico sintió un compromiso con su tiempo. Vino a estudiar medicina a Córdoba, empezó a militar políticamente en OCPO y conoció a mi mamá, tuvieron un amor enorme, del cual soy fruto, me pusieron Santiago por Santiago Pampillón”, Santiago se acelera, traga saliva, “disculpen estoy un poco nervioso,” hace una pausa, sigue… En la sala sabemos que para estos hechos no hay amnistía; es decir, no hay olvido, porque el olvido no se puede imponer a nuestros espíritus. La amnistía, al fin y al cabo, no es más que eso: un olvido impuesto, y estos son delitos de Lesa Humanidad: “Quiero decirle al fiscal que pida las máximas condenas a estos asesinos, porque no puedo separar al pasado del presente, hace unos días estábamos en la marcha de la gorra, con chicos y chicas víctimas del gatillo fácil y al otro día la policía mata por la espalda a un joven en Villa Angelelli. Que la policía de hoy sepa que no se puede matar en democracia, que sepa que estos policías de antes fueron juzgados por esos crímenes. A ustedes, señores jueces, como justicia federal que son, les pido que busquen a mi hermano, hermana. Cuando secuestraron a mi mamá en abril del 77 estaba embarazada, mi abuela se pasó toda su vida viajando a Buenos Aires a buscar a mi mamá, a mi hermano o hermana”. Santiago, toma aire, dejando un desafío al fiscal Maximiliano Hairabedian y al Tribunal: son ellos los que tienen que asumir sus responsabilidades, entre ellas la de juzgar hechos pasados, modificando las injusticias del presente
La memoria nos hace responsables de nuestros actos, porque los actos colectivos son la suma de los actos individuales. Santiago lo reconoce, desde el amor a todas aquellas personas que dejaron de hacer cosas para criarlo, para acompañarlo, desde el amor a su compañera y a sus hijas, desde las palabras de su heroína, que entre muchas cosas, le enseñó que “lo imposible sólo tarda un poco más”

 “Hay cosas que se saben sin haberlas visto”
Raúl Bernardo Berti, en 1975 alquiló una casa en la calle Brasil, con su hermano Carlos y José Villegas, un amigo. Raúl era empleado bancario, Carlos y José estudiantes universitarios.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “la gente común”? “Yo me levantaba 6:30 – 7, a las 7:30 entraba al banco y volvía a esos de las 5 de la tarde, porque cuando salía del banco almorzaba con una novia que tenía. Mi hermano y mi amigo estudiaban y militaban en la JUP (Juventud Universitaria Peronista). Eran muy buenos estudiantes, mi hermano desde la primaria 9, 10… Habíamos acordado que en la casa nada de militancia, por mi trabajo y por un tío juez federal que nos había salido muy amablemente de garante y que además era contrario a las ideas de mi hermano. La casa para estudiar, la militancia en la universidad”. Desde el comienzo de su testimonio Raúl va a intentar quitar la lupa de lo político: “es mentira que había armas, eran muy buenos estudiantes, yo trabajaba, los chicos se habían hecho muy amigos del carpintero que nos alquilaba la casa y tenía la carpintería al lado ¡hasta hicieron algunos trabajos!, eran unos perejiles...”. El relato continua y la política empieza a colarse, “un día mi hermano que nunca me mentía, me dijo que tenía un bolso con dos revólveres, pero que no me preocupara que no eran de él y que ya se lo iban a llevar”. Una tarde Raúl llegó “con las últimas sombras del día” y vio sobre la mesa unos lanza panfletos. Antes de relatar la discusión con su hermano, describió minuciosamente como se construía un lanza panfletos: una mecha, una lata, arriba los papeles, el tiempo de la huida… Luego de la discusión Carlos se comprometió a sacar todo al otro día, también le pidió si podían alojar a un pibe que no tenia donde ir, por unos días (el chico se llamaba José Osatinsky, tenía 15 años). Raúl dijo que sí, pero que el trato era nada de militancia en la casa, “más allá de las discusiones políticas entre ellos, como era el clima de época”.
Al otro día Raúl salió temprano para su trabajo, en la casa quedaron Carlos, Villegas y Osatinski, se les sumo Néstor “Lana” Morandini. A media mañana una bomba lanza panfletos exploto en la casa, los cuatros salieron a decir a la vecindad que había sido una garrafa, que se quedaran tranquilos. Asustados entraron, asustados espiaron a la calle, asustados vieron un patrullero pasar mirando para la casa, asustados corrieron por los techos sin disparar un tiro, quizás sin llevar armas y “a unos 50-60 metros escucharon los disparos que tiraban la puerta… no tocaron timbre”. Hacia el sur corrieron por los techo, llegaron a la calle, volvieron a saltar para seguir una manzana más. Carlos y Lana pudieron, José y el pibe Osatinski no, intentaron volver: los acribillaron. La política conquista el relato de Raúl cuando vuelve a sonar un teléfono a las 11 de la mañana del 2 de julio de 1976 en su trabajo, es Carlos: “está la policía en casa, andate ya te van a ir a buscar porque la casa está a tu nombre, andate y nos encontremos así te cuento bien”. Cuando Raúl se encontró con Carlos en barrio Jardín, se enteró que la casa había sido reventada por la policía “Los medios publicaron un arsenal que no entraba en la casa ¡Mentira! No mostraron lo que se robaron los defensores de la propiedad privada: una motoneta, muebles, dos guitarras, 220 discos, herramientas de la carpintería, un tocadisco Audinac de última tecnología…” el testimonio de Raúl se enardece, se politiza, “lo que publicaron los medios fue una burla de panfleto político”.
Raúl hablo con sus padres para que supieran que sus dos hijos vivían, a los días al padre le dijeron que sus hijos habían muerto. Reconocido medico de Río Cuarto, el padre se vino para Córdoba, a la morgue, “camilla, tras camilla traían chicos”, no lo soportó, “se quebró, se vino abajo, dos meses después murió de un infarto”.
Raúl y Carlos se exiliaron en Buenos Aires. En abril del 77 despareció Carlos. Lana Morandini desapareció con su hermana Cristina, también en Buenos Aires. Raúl se exilió en Brasil. 
Hay veces que el horror indecible asume riesgos y se vuelve narración, testimonio.

“Había algo fuera de lo normal”
Manuel Isidro Ocampo en 1976 formaba parte del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba, era compañero de alguno de los imputados de este juicio.
Juez: “¿Conoce usted a los acusados, tiene alguna relación de parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta o relación laboral con alguno de ellos o tiene algún interés directo o indirecto en esta causa?”
Ocampo: “See… Nada más allá de una amistad, de una relación de trabajo”.
El ex policía, retirado Comisario luego de 28 años de servicio, es el último en declarar en esta audiencia. Mezquino, quisiera evadir las necesarias preguntas sobre el rol jugado por las fuerzas policiales en los momentos en que la dictadura accionaba el genocidio en nuestra país, “eso no lo recuerdo”, la repuesta recurrente del policía que no llegó a la casa de barrio Güemes donde fusilaron a Villegas y a Osatinsky, sólo porque en el camino el patrullero en el que se conducía chocó con un taxi. 
Los patrulleros, al decir de Ocampo, más allá de las órdenes de los superiores, siempre que escuchaban por la radio que el orden social estaba amenazado o que se perturbara el “normal” funcionamiento de la ciudadanía y, en el peor de los casos, “hasta desobedeciendo ordenes superiores”, cuando oían de algún tiroteo salían en auxilio “porque había un gran espíritu de cuerpo”. 
Ocampo evade respuestas, sin saber que no se puede relativizar el crimen de la desaparición, ni de los asesinatos, ni de las torturas, ni de los robos de bebés. No se da cuenta que ninguna explicación liviana puede amenguar esa culpa. Ocampo, quizás no entienda que en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia se trata de comprender cómo llegamos a la Argentina de la dictadura, también de cómo seguimos. Sin que eso signifique olvidar, mucho menos perdonar.

Causa Montiveros / Sexta audiencia

El pasado Martes 18 de diciembre se desarrolló en Tribunales Federales I, la sexta audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en el que se juzgan el accionar de la policía de la provincia de Córdoba en los comienzos de la última dictadura. 
Alrededor de las 10: 25hs. comenzó la última audiencia de este año
Dos de los abogados de la defensa solicitaron se incorpore un testigo que está en el expediente, Luis Alberto Nieto; por otro lado que los imputados Pérez y Montiveros hagan uso de la palabra en la primera audiencia del año próximo.
A las 10:30 ingresó la testigo María Josefa Caridi, vecina que vivió desde su nacimiento en la calle Brasil, que era el domicilio de sus padres. Esta testigo fue incorporada a la causa por pedido del fiscal en la audiencia del 11 de diciembre pasado. La señora Caridi cuenta que el día que “pasó lo que pasó” ella salió de su casa a las 8 de la mañana, ya que tenía a su padre enfermo, internado en la clínica Richieri. Al regresar por la noche a su casa había un policía y un vecino le contó que habían matado a los chicos estudiantes que vivían en la casa de al lado. Al salir de su casa, Bengolea (un vecino) estaba hablando con personal de la policía aeroportuaria y en esa ocasión ella respondió preguntas acerca de lo que le habían contado. Nunca más habló ni preguntó sobre lo sucedido, tampoco vio impactos de bala. Ante la solicitud del tribunal de que realizara un esfuerzo de memoria, la testigo insistió en no haber visto nada ni tener ninguna otra información acerca de los hechos.
A las 10:47 ingresó para ampliar su declaración Miguel Bustamante (comisario inspector) Jefe de la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba en el momento de los hechos que se juzgan. Relató que, durante el primer semestre de 1976, su lugar de trabajo era el viejo escuadrón de caballería, situado en la esquina de Catamarca y Salta. Que entre los años 1973 y 1976 se dedicaron a remodelar el escuadrón, puesto que el lugar del caballo debía ser ocupado por un hombre. Contó que el escuadrón de caballería “desaparece” porque no podía controlar la calle, que durante las manifestaciones los estudiantes arrojaban bolitas, los animales se lastimaban y el jinete corría peligro. Ante la pregunta de cuál era su tarea, contestó que era Jefe de Unidad. Que para los servicios externos contaban con un segundo jefe, un jefe de operaciones y un jefe de compañía y que a su cargo tenía alrededor de 500 hombres. En otro tramo de su relato, afirmó que para el año 1976 la responsabilidad de la custodia de la Alcaidía dependía de Infantería, que en ese momento cambia su nombre a “Unidad Control Disturbio”. Que empleaban carros de combate y agresivos químicos como granadas para disolver manifestaciones estudiantiles, toma de facultades, entre otras. Bustamante en sus declaraciones también afirmó que ellos conformaban los grupos de asalto integrados por 13 hombres, para eventos especiales, alguna visita o evento importante y que en esos casos eran siempre asistidos por la Brigada de Explosivos. Ante la pregunta sobre si él era responsable del personal de Alcaidía respondió que no, que el responsable era el jefe de turno. Ante la pregunta sobre quién realizaba las calificaciones anuales de ese personal, respondió que él, en última instancia. Con relación a la periodicidad con la que concurría a las instalaciones de la alcaidía (Cabildo, en ese momento Jefatura Central de la Policía de Córdoba) Bustamante afirmó que no concurría más de dos veces por mes, que para eso había “otros jefes” a cargo. Que en ese momento “se implantaron” dos departamentos, Investigaciones e Informaciones (el D2) las únicas unidades operativas, ya que el resto eran unidades administrativas. Debido al gran trabajo de Investigaciones comenzó a ser difícil tener espacio físico para los detenidos por lo cual comenzó a “funcionar alcaidía”. “A mí no me parecía normal lo que hacía Investigaciones del D2. En ese momento, pregunta si puede dar nombres para lo cual le acercan unos papeles, por ejemplo cuando llevaban un detenido, digo nombre y apellido: Pavón Quiroga.” Ante la pregunta de quién lo lleva del D2 para ser alojado a la alcaidía, Bustamante respondió “acá dice oficial Lucero”. Continúa leyendo: “alojado, (Pavón Quiroga) el 6 de Mayo en horas de la madrugada”. Contó que se detuvieron en el monumento a Myriam Stefford, después lo trasladaron al D2 y lo llevaron a la alcaldía por orden del oficial de turno Britos. 
“Fue por orden del Tercer cuerpo del ejército, porque así se manejaban. Pavón Quiroga fue retirado el mismo día por el oficial Bussi, aproximadamente 12:45hs porque lo llevaban de nuevo al D2. Y no volvió en toda la tarde a la alcaidía de la jefatura. Nadie lo vio volver…. A partir de ese momento no dependía más de nosotros. Y lo raro, lo que no entiendo es que en horas de la noche aparece unos de éstos hombres del D2 diciendo que los detenidos había recuperado la libertad. La constancia que tendría valor, sobre ese movimiento, sería el libro de guardia del D2.”
Además agregó que “no trataba con Menéndez ni me reunía con él. El D2 dependía del tercer cuerpo de ejército, los jefe de policía eran militares y había asesores militares. El D2 fue operativo con respecto al ejército. Yo se lo dije al segundo jefe del D2, Esteban, que había cosas que no me cerraban, nos comprometían a nosotros, traer detenidos en éstas condiciones”. Bustamante afirmó que se convocaba a Sanidad Policial, que funcionaba en Independencia 150, en caso de que algún detenido ingresara en malas condiciones a la alcaidía. Ante esto, el juez Falcucci preguntó quién decidía convocar o no a personal médico, a lo cual Bustamante respondió “cada jefe hacía lo que le parecía mejor”. 
A las 11:35 finalizó la audiencia pasando a cuarto intermedio hasta las 12 hs, momento en que se realizaría la inspección ocular en la calle Brasil 759 de Barrio Güemes.
Inspección Ocular
Pasadas las 12hs se hicieron presentes en el domicilio ya mencionado el Tribunal, los Abogados de todas las partes, el testigo Raúl Berti y un vecino de apellido Moreno quien, ante la presencia de camarógrafos, fotógrafos y prensa comenzó a relatar lo que había visto y escuchado desde el frente de su casa ese día, cuando él tenía 20 años. 
A lo largo de su relato, entre los hechos más sobresalientes que recordó fue el desfilar de cascos, de la guardia de infantería mezclados con algunos “verdecitos”. “Bajaron en fila, en formación llegaron al frente. Posicionaron una ametralladora e impactaron en la casa. Se escucharon muchos tiros, primero sobre la casa y luego sobre los tanques de agua. No hubo intercambio de disparos, por el ruido eran de la policía solamente”. Confirmó que los vecinos no fueron evacuados sino que permanecieron en sus casas a puertas cerradas, pudiendo salir recién 2 horas más tarde. 
Luego todos los presentes ingresaron al domicilio. Moreno junto con Berti, lograron identificar detalles de la casa, reconociendo lugares y modificaciones que se le realizaron con el paso del tiempo, tanto en la fachada como en espacios interiores.
La inspección ocular finalizó en la esquina de las calles Corro y Perú. Allí Moreno identificó el lugar donde la policía ingresó a la propiedad de la familia Biondo “Los sacaron de la casa de los Biondo y los mataron en la esquina. Vi las manchas de sangre en el piso. Frente a la casa de los Biondo había una tornería y se veían los impactos de balas.” 
Más allá del relato de lo que sucedió aquel 2 de julio de 1976, Moreno recuperó memorias cotidianas sobre la vida de aquellos jóvenes, con los que solía hablar en algunas ocasiones y a los que escuchaba tocar la guitarra. 
Una vez finalizada la inspección ocular, procedimiento que trasciende el ámbito de tribunales, algunos vecinos se acercaron con inquietudes y preguntas. Esto pone de manifiesto que trasladarse al lugar de los hechos despierta la intención de reconstruir las memorias del barrio. 
Las audiencias se reanudarán el 5 de febrero del 2019 a las 10 hs en Tribunales Federales I, con los testimonios que solicitaron los abogados de la defensa en el día de la fecha. 

Fotografía: Nicolas Castiglion

Causa Montiveros // Séptima audiencia
El martes pasado se desarrolló en Tribunales Federales I, la séptima audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en el que se juzgan el accionar de la policía de la provincia de Córdoba en los comienzos de la última dictadura.  En representación de Sara Solarz de Osatinsky (madre de José Osatinsky, víctima en este juicio), alegó la querella integrada por Claudio Orosz y Lyllan Luque. Luego de un cuarto intermedio, el fiscal Maximiliano Hairabedián inició la acusación por un total de nueve hechos. El alegato de la Fiscalía seguirá el próximo martes. Tenía 15 años: la militancia de los estudiantes secundarios.

Recordemos que la presencia de Sara Solarz en este proceso judicial se vio imposibilitada por su estado de salud, por lo que la querella pidió la incorporación de sus declaraciones tanto escritas como en video y audio ante el Tribunal Oral I en el marco de la causa La Perla, D2, La Ribera. Las palabras y las acciones de Sara Solarz de Osatinsky son la prueba de que la promesa de Verges “de que el apellido Osatinsky iba a desaparecer de la faz de la tierra” no pudo ser posible.
El relato de la querella lo inicio Orosz levantando y mostrando a toda la audiencia una foto de José Osatinsky que en julio de 1976, a los 15 años, fue asesinado por la ejecución de un plan clandestino, sistemático y generalizado de aniquilación de la oposición política desde el Estado terrorista. Este plan se inició el 24 de marzo de 1976 en la Argentina y en el caso de Córdoba ya se ejecutaba desde septiembre de 1974, cuando desde las esferas del poder estatal se fomentaba la eliminación de personas por su ideología mediante bandas paramilitares y parapoliciales. Esto hace que el hecho de los asesinatos de Osatinsky y Villegas se constituyan en Delitos de Lesa Humanidad.
El alegato de Orosz y Luque se da en el marco del hecho 8 de la denominada “Causa Montiveros”, en donde las víctimas son José Osatinsky y José María Villegas. 
El hecho fue parte del ataque sistemático perpetrado por las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad en el marco de lo que se dio en llamar “lucha contra la subversión”, con fecha 2 de julio de 1976, siendo aproximadamente entre las 10.00 y 11 hs., personal del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba que se conducía en 11 patrullas y más de 30 policías habría sido comisionado al domicilio sito en calle Brasil N° 669 de Barrio Güemes de esta Ciudad de Córdoba, a raíz de una explosión producida minutos antes en la vivienda en la que se hallaban cuatro jóvenes estudiantes, algunos de los cuales, habrían militado en la JUP –Juventud Universitaria Peronista-.Tras identificar la casa y al advertir que los ocupantes de la morada procuraban darse a la fuga por los fondos de la vivienda, alcanzando los techos de los inmuebles vecinos, los policías emprendieron la persecución de aquellos cuatro jóvenes utilizando innecesariamente sus armas de fuego contra los fugitivos, circunstancias en las que habrían dado alcance con los disparos a dos de ellos –luego individualizados como José Osatinsky de 15 años de edad y José María Villegas de 21 años de edad–, provocándoles graves heridas que ocasionaron de inmediato sus muertes, en tanto que los restantes que se encontraban en la vivienda, Carlos Berti y Néstor Morandini, lograron escapar del tiroteo policial. 
Luego de leer textual el hecho, la querella contextualizo los, poniendo el foco en “hablar de una militancia un poco olvidada: la militancia de los estudiantes secundarios”. Un repaso histórico por el golpe de Estado de 1955, la proscripción del Peronismo, el Mayo Francés, la Revolución Cubana, la muerte del Che, el Cordobazo y otros hitos de nuestra historia reciente sirvió para mostrar como en aquellos años en la Argentina se empieza a producir un proceso de radicalización en las luchas sindicales, estudiantiles y políticas. Y así, en este contexto, se puede entender, en palabras de Orosz “que un adolecente de 15 años José Osatinsky, luego de sufrir el asesinato de su padre en 1975 y el de su hermano en marzo de 1976, fuera uno de los objetivos de las fuerzas de seguridad. Esa mañana fue cercado y sacado del lugar donde se había refugiado, luego de un operativo rastrillo casa por casa y una vez capturado asesinado con centenares de balazos por el personal policial”.

La división del trabajo: yo cerco, tu rastrillas, ustedes secuestran, ellos disparan...

A su turno la Dra. Lyllan Luque alegó en torno a la valoración sobre la existencia material del hecho. Para ello se apoyó principalmente en los testimonios, declaraciones y pruebas que se dieron a lo largo de las audiencias: “Queda claro que no se trataba de una casa operativa de la organización, sino de simpatizantes. Era una casa de estudiantes.”
En cuanto a la presencia de Osatinsky en la casa de calle Brasil, la querella rescató el testimonio de Pinchesky quien dijo que “sabía que era un militante en UES, era muy jovencito y que fue ese día porque tenía conocimiento del armado de las bombas panfleteras”. José era la primera vez que iba a esa casa y tampoco conocía el barrio.
Dos documentos producidos por las propias fuerzas de seguridad: el Memo DGI.cd. 410.S.I de fecha 5 de julio de 1976 (fs. 3 y4 ) y las copias del libro de novedades de guardia del Comando Radioeléctrico del día 2 de julio de 1976. Sirvieron para demostrar los móviles que acudieron al lugar y los nombres de los policías, entre ellos: el 284 (Perrin), 348 (Bustos), 243 (Acevedo), 135 (Rojo). Bustos estaba a cargo de todo el operativo.
Luque trae los dichos de los propios imputados en sus declaraciones indagatorias, instancias en la que relata que “fue el personal de los móviles de Perrin y Bustos los que ingresaron a la vivienda y se percataron de que huían por los techos, a raíz de la huida hacia pardo de Figueroa, se solicitaron refuerzos. Éstos llegaron casi inmediatamente respondiendo al llamado eran los móviles números 331, 129, 116, 130 (o 299), 305, 197 y 286, en uno de ellos el 130 o 299 se conducía como chofer Raúl del Prado”.
Ninguno de los vecinos manifestó que haya habido un intercambio de disparos desde la casa de Calle Brasil o en algún punto del recorrido, y menos que se hayan desalojado las casas colindantes por la supuesta existencia de explosivos activados. Los dichos de los vecinos y de la dueña de la casa en la que vivían los jóvenes, desmontan el pretendido enfrentamiento diseñado para encubrir el homicidio de jóvenes desarmados.
Para la querella el homicidio de José Osatinsky se halla acreditado por la siguiente prueba documental: el Libro de registro de ingresos y salida de la Morgue Judicial de Córdoba consta que con fecha 2 de julio de 1976, a las 13:30 hs. y 13: 35 hs. ingresan dos cadáveres sin identificar. En el folio 252 con los números 671 y 672 provenientes de Medicina Forense FFAA. La identificación de los cuerpos como José Osatinsky y José Villegas se encuentra acreditada por el informe del Jefe de Policía de la Provincia del 14 de julio de 1976 (fs. 83) informando la identificación de los mismos, quienes fueron abatidos por personal policial el 2 de julio en la intersección de Corro y Brasil. Así mismo se incorporaron al debate: la remisión de las fichas dactiloscópias al J. Militar Nº 73 desde la policía de la provincia (76/82), Acta de inhumación de los restos en el Cementerio San Vicente (65/7)
En el acta de defunción incorporada al debate, consta que la causa de muerte fue hemorragia masiva por múltiples herida de bala.
Para finalizar el alegato, la querella hizo unas consideraciones sobre la participación del comando Radioeléctrico y de Raúl Oscar del Prado en los hechos. Del Prado fue procesado por los hechos acaecidos el día 2 de julio de 1976 por el delito de homicidio agravado en grado de participación secundaria (art. 80 insc. 2 y 4 y 46 del C.P. vigente al tiempo del hecho) en perjuicio de dos víctimas: José Osatinsky y José María Villegas.
En este alegato se demostró que “todos los agentes que actuaron dentro de esta estructura lo hicieron de forma concertada, con un conocimiento conjunto en todo lo referente a detenciones clandestinas de personas, mantenimiento de esa situación, tormentos y ulterior disposición de las mismas”.
Por estas razones la querella consideró que la conducta desplegada por Del Prado, como parte de la estructura represiva, se enmarcada en el art. 45 del CP vigente a la fecha de los hechos, esto es “como CO AUTOR POR DOMINIO FUNCIONAL DEL HECHO LO QUE DEJAMOS EXPRESAMENTE SOLICITADO”. Por todo lo alegado se solicitó la pena de PRISIÓN PERPETUA, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales y costas.

Causa Montiveros // octava audiencia

El martes 19 de febrero se llevó adelante la octava audiencia de la causa Montivero en la que se juzga a miembros de la Polícia de Córdoba en juicios por delitos de lesa humanidad. En la jornada se siguió con la etapa de alegatos. El fiscal Maximiliano Hairabedián siguió la acusación por un total de nueve hechos, dividiendo su exposición en dos partes; en la primera (realizada la audiencia anterior) se refirió a los hechos que van del 1 al 7 y en la segunda realizada este martes, relató sobre los hechos 8 y 9, resaltando que en ninguno de los 2 hubo enfrentamiento, si no asesinatos enmarcados en delitos de lesa humanidad: “los mataron, totalmente por atrás”. Hairabedián cerró su alegato con el pedido de condenas y absoluciones para los acusados. Solicitó prisión e inhabilitación perpetua absoluta para Fernando Rocha, Pedro Nolasco Bustos, José Arturo Acevedo, Antonio Apolinar Astrada y Ricardo Perrín. Pidio 9 años para Miguel Ángel; 3 años para Miguel Ángel Bustamante, Roque Camara y José Antonio Cuello. Y nueve absoluciones: Ramón Zalazar, Roberto Andrés Isaía, Hugo Oscar Pérez, Víctor Hugo Núñez, Delfín Jesús Barrionuevo, Gilberto Antonio Montiveros, Aurelio Gallego y Raúl del Prado.
Luego de un cuarto intermedio, comenzaron los alegatos de la Defensa Oficial de los imputados. Primero, Rodrigo Altamira reclamó las absoluciones de José Cuello y Osvaldo Cámara, acusados de privación ilegítima de la libertad de Hugo Pavón Quiroga, Ramona Ángela Sánchez y Carlos Varella Alves, detenidos en un procedimiento realizado en Alta Gracia y rasladados al D2. Al final de la audiencia, el abogado Juan Carlos Belagardi pidió la absolución de Miguel Bustamante y de Miguel Ángel Gómez.