Las Intervenciones Urbanas en torno a los procesos judiciales desarrollados en Córdoba es una política de memoria desarrollada por el Archivo Provincial de la Memoria desde el primer juicio llevado a cabo en mayo de 2008. Frente a cada nuevo juicio es una manera de intervenir, marcar, imprimir en el espacio público la dimensión del terrorismo de Estado, la difusión de los juicios, la importancia de conocer a los imputados y de contar con historias de vida e imágenes de quienes fueron sus víctimas. Generar lugares de memoria -algunos efímeros como la intervención del primer juicio con pancartas en los semáforos, otras permanentes como el cemento de la ventana que demarca los límites de lo que fue el CCD Casa de Hidráulica- usando la escritura y la impresión en papel o la difusión de imágenes en la televisión. Cada una de las intervenciones pone en evidencia la represión en la ciudad de Córdoba, difunde el derecho a asistir a los juicios y conmemora y homenajea a las víctimas y sus familiares en el momento tal vez más esperado que es aquel de la Justicia, cuando el Estado reconoce a sus muertos y condena a sus culpables. Cada momento judicial fue también un desafió entre la creatividad y las diversas formas y actores en la intervención. Artistas, familiares, creativos, integrantes de los sitios de memoria, otras instituciones como la universidad y los canales de televisión formaron en cada momento aliados esenciales para construir las marcas de memoria y difundir los juicios.
Sitio de Memorias
Los procesos de construcción de la memoria, son un laboratorio de ideas y recursos para imaginar y reconstruir aquello que en una nación se produce en torno a los usos del pasado, a lo que se recuerda, lo que se silencia u olvida, o mejor a lo que se hace con el recuerdo, el silencio y el olvido del pasado en el presente. Producto de la interacción y la construcción entre la subjetividad de los individuos y las normas colectivas, sociales, políticas, religiosas y jurídicas, el trabajo de la memoria fabrica identidades sociales, enunciando tanto lazos de pertenencia como relaciones de diferenciación.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad se desarrollan en la esfera de los tribunales. Allí el ritual tiene sus marcas. Acusados, víctimas, jueces, abogados, defensores, fiscales y público deben cumplir con los criterios establecidos para que la justicia se desarrolle. Allí el Estado determina qué pasó, quiénes son los culpables y cómo deben ser castigados. La Justicia, con mayúsculas, sigue parámetros formales que no siempre incluyen al público general o lo empujan a participar de este proceso, es un ámbito distante de la vida cotidiana. Participar de los juicios, que son orales y públicos necesita de difusión, información e incentivo para que se pueblen de interés.
En Córdoba el primer juicio a represores se desarrolló entre el 27 de mayo y el 24 de julio de 2008 y se lo denominó Menéndez I. Desde el Archivo Provincial de la Memoria realizamos una intervención pública en el lugar donde habían sido secuestradas, en un operativo ventilador, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo. Durante una semana en la esquina de la calle Sagrada Familia, cuando el semáforo interrumpía el flujo vehicular, se marcó el lugar con carteles móviles portados por personas que decían: ¿Ud. sabe qué pasó aquí?. Simultáneamente se entregaban postales con la historia de vida de cada una de las víctimas y se difundía el juicio que se estaba llevando adelante en los tribunales federales.
Durante el año 2009, se llevó adelante la causa Menéndez II. Entre el 20 de octubre y el 11 de diciembre la justicia dilucidó y condenó a seis represores por lo ocurrido con Fermín Albareda (desaparecido) y otras víctimas. Este juicio tenía como imputados a Luciano Benjamín Menéndez y a cinco policías del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba “D2”. El propósito del Archivo Provincial de la Memoria fue, por un lado, señalizar en mayo de 2010, el Sitio de Memoria "Casa de Hidráulica", uno de los lugares donde funcionaba la patota del “D2” durante los años setenta, y donde asesinaron y desaparecieron a Fermín Albareda. La señalización fue realizada por el artista plástico Luis Goméz, quién diseño una ventana realizada en cemento que enmarcó desde enfrente de la casa el lugar donde funcionó este ex CCD. Un molino de la vida, instalado en el borde del lago, completa esta marca de memoria que se hace visible al transitar el Dique San Roque. Por otro lado esta señalización fue acompañado de una exposición itinerante, denominada Fermín Albareda, que contaba la historia de vida de este Comisario de la Policía de Córdoba y militante del ERP, asesinado y desaparecido por la fuerza represiva policial.
En el 2010 se realizó el tercer Juicio, y el APM junto a HIJOS y Familiares publicó el Dossier "Un Recorrido histórico sobre las causas UP1 y Gontero". Durante este juicio denominado Videla I, se imputó a treinta y un militares y policías por las violaciones a los derechos humanos de treinta y dos víctimas, las que al momento de su asesinato y desaparición se encontraban alojadas en la cárcel denominada UP1 (Unidad Penitenciaria I de Córdoba). En esta ocasión las intervenciones tuvieron como eje los medios visuales y de comunicación. Además de esta publicación se realizó un corto de dos minutos donde por medio de la superposición de las fotografías de las treinta y dos víctimas de la UP1, se invitaba a los ciudadanos de Córdoba a participar en el juicio. Este corto fue mostrado en la vía pública y por televisión antes y durante el juicio. Cada una de las historias de vida de estos desaparecidos y asesinados fueron, además, plasmadas en postales que se repartieron en la vía pública; y en una serie denominada "Expedientes UP1", exhibida en Canal 10 de la Universidad de Córdoba durante todo el juicio.
El Tribunal Oral Federal II llevó a cabo, durante el año 2012, el juicio por el asesinato de Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Carlos Delfín Oliva, todos militantes de la Juventud Universitaria Peronista, secuestrados y asesinados por el Comando Radioeléctrico y el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba en junio de 1976. Junto a sus familiares, artistas plásticos, alumnos de la Escuela de Información de la UNC, el Archivo Provincial de la Memoria volvió a intervenir el espacio urbano como estrategia de dar visibilidad en la esfera pública a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se construyó e instaló en el lugar del secuestro, la intersección de las avenidas Emilio Caraffa y Octavio Pinto de la ciudad de Córdoba, una baldosa por la memoria. Además durante las audiencias del juicio se entregó al público y los transeúntes que por allí pasaban una publicación con la historia de vida y fotografías de Ana, Jorge y Carlos, como una manera de rendirles homenaje y recordarlos en el mismo momento en el cual adentro del recinto de la justicia sus victimarios eran declarados culpables y condenados.
